Cumbre para desactivar el conflicto de las prejubilaciones de Santana Motor

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, se reúne con los sindicatos y el alcalde de Linares para desbloquear el impago a los 865 trabajadores

Protesta de trabajadores de Santana Motor en la carretera nacional Madrid-Cádiz por los cobros pendientes.
Protesta de trabajadores de Santana Motor en la carretera nacional Madrid-Cádiz por los cobros pendientes. JOSÉ MANUEL PEDROSA

La Junta intentó ayer desatascar el conflicto de las 865 prejubilaciones de Santana Motor, un quebradero de cabeza en plena campaña electoral para el Gobierno con permanentes protestas. Numerosos extrabajadores llevan tres meses sin cobrar. Después de un año desde el cierre de la factoría automovilística de Linares (Jaén), los compromisos de prejubilaciones y recolocaciones a la plantilla siguen pendientes de un hilo, y este sigue tensándose.

Ayer la Consejería de Empleo prometió que las pólizas se cerrarán la próxima semana con las aseguradoras, pero los trabajadores desconfían tras protagonizar encierros en sedes de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, cortes de carretera y comprobar cómo son infructuosas las eternas negociaciones. Ayer fuentes de Empleo quisieron insuflar optimismo: “La primera póliza de Matresur se empezará a cobrar la semana que viene y las otras tres empresas auxiliares estarán listas la semana que viene”.

La consejera de la Presidencia, Mar Moreno, acudió a la primera reunión con los sindicatos, y luego esta se prolongó con el director general de Trabajo, Daniel Rivera, y el alcalde de Linares, Juan Fernández (PSOE).

Hace un año el plan social de Santana certificó el cierre de la empresa automovilística tras más de medio siglo de actividad industrial, e implicaba la prejubilación de 600 trabajadores y la recolocación de otros 200, pero ninguna de las medidas se ha concretado aún. Las prejubilaciones, debido a las dificultades financieras de la Junta para suscribir las pólizas pertinentes, tendrían un coste de 150 millones.

Las primeras prejubilaciones se dictaron según la última orden que reguló las ayudas sociolaborales el pasado 6 de abril y que deja la búsqueda de aseguradora en manos “de la empresa o los trabajadores”. Ahora la Junta les está abonando el diferencial entre la asignación por paro (unos 1.050 euros) y el 90% de su salario, para que puedan cobrar alrededor de 1.500 euros mensuales.

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