La primera pagana del ajuste

Por la fuerza ahorcan. Si en elecciones anteriores las obras públicas acapararon discusiones y ocuparon capítulos extensos en los programas de los partidos, en esta campaña han quedado relegados. Ahora que las administraciones públicas han visto menguados sus ingresos por la crisis y se impone la necesidad de ajustar el déficit, hay otras prioridades. Está en juego el futuro de servicios públicos fundamentales y no es el momento para las infraestructuras. obras públicas. “No son sociales y pueden esperar”, explicó la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, para justificar el nuevo recorte del 25% en este capítulo en los presupuestos autonómicos para este año. Y eso que las partidas ya se habían reducido en un 43% en 2011 y un 19% en 2010.

El año pasado, la consejería de Obras Públicas y Vivienda comprometió inversiones en infraestructuras de transporte por 568 millones de euros, cantidad que retrotrae al nivel del año 2004, según los datos del avance de la liquidación presupuestaria. Y el presupuesto de 2012 apenas reserva 411 millones, que a duras penas da para pagar lo que se está haciendo.

Reducir la obra pública obedece así a una clara opción de prioridades del Gobierno regional, pero meter la tijera ha resultado algo más sencillo porque el recortable estaba bien dimensionado. En los años anteriores a la crisis hubo un gran impulso inversor que permitió dar un salto considerable a las infraestructuras, materia en la que es incuestionable que Andalucía ha superado sus atrasos atávicos, aunque aún queden deudas inexplicables como la autovía del Meditarráneo en la provincia de Granada.

Los 2.717 kilómetros de autopistas, autovías y carreteras de doble calzada dan a Andalucía una de las ratios más altas entre las regiones europeas (322 kilómetros por millón de habitante). Según la Junta, el 94% de la población tiene a menos de 25 minutos de su casa una carretera de alta capacidad.

En verano de 2010, la administración autonómica optó por no embarcarse en ninguna obra nueva, si no es con financiación privada, aplazó las contratadas que no se habían iniciado y concentró los recursos en las que ya estaban en marcha con una prioridad clara, la mejora de la movilidad en las áreas urbanas.

La inversión en  infraestructuras de la Junta ha caído al nivel de hace ocho años

Por eso, las obras que continuan son casi exclusivamente los metros y tranvías. Los retos más urgentes son acabar las líneas 1 y 2 del metro de Málaga para que funcionen en febrero de 2013, ejecutar el de Granada con el préstamo de 240 millones concedido el mes pasado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI); poner a punto el tranvía de la Bahía de Cádiz desde Chiclana a San Fernando, donde enlaza con la línea de tren, y concluir las conexiones del metro de Sevilla con el tranvía a Dos Hermanas y Alcalá. La Junta tiene que resolver la cofinanciación para el tramo común de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga (125 millones) que aun no ha licitado y negocia con el Gobierno como acomete la línea 2 del de Sevilla.

Desde el verano de 2010 no se ha licitado ni una sola obra nueva si no es por el método de cofinanciación público-privada. Por este sistema, las empresas adjudicatarias adelantan la inversión y la administración las paga a plazos, normalmente en 30 años, a partir de que estén acabadas. Es un alivio en momentos de dificultad, pero supone una hipoteca en los presupuestos futuros, por lo que no es aconsejable abusar. Las obras realmente atractivas para la iniciativa privada son muy escogidas, y además la restricción de crédito de las entidades financieras no facilitan las cosas. En aquel verano de 2010, la Junta señaló susceptible de cofinanciar proyectos que sumaban 2.600 millones, pero hasta ahora apenas se han podido licitar cinco que suman menos de 800 millones.

Por este sistema se han adjudicado ya las obras de ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla, en Marbella (84 millones) y las autovías Darro-Iznalloz (190 millones) y el tramo de la Autovía del Almanzora entre Purchena y Huércal Overa (123 millones), cuyo contrato se firmó el pasado jueves día 15. En licitación están el tramo Estepa-Lucena de la Autovía del Olivar (303 millones) y la ampliación del puerto deportivo de Carboneras (40 millones). La Junta proyecta sacar este año a licitación por este mismo sistema la ampliación de los puertos de Ayamonte, Fuengirola, Benalmádena y Caleta de Vélez. En este sector la cofinanciación resulta más viable porque implica la concesión de explotación comercial. Este sistema, e incluso el asociacionismo entre la empresa pública de puertos y las privadas es el que confía la Junta para acometer el desarrollo de las 11 áreas logísticas proyectadas en la comunidad.

La Junta, que era la única administración autonómica que construía AVE, ha paralizado la ejecución del eje transversal entre Sevilla y Bobadilla, en el que llevaba gastados 300 millones, ya que pactó con el anterior Gobierno que el Estado asumirá el proyecto al quedar incluido en el corredor Mediterráneo de los ejes transeuropeos.