El retraso del antiguo PER amenaza el subsidio de miles de jornaleros

El silencio del Gobierno de la nación sobre el antiguo Plan de Empleo Rural (PER) está inquietando a los Ayuntamientos del medio rural, que tienen en este programa estatal de inversiones la única alternativa para generar empleo en épocas donde ni siquiera hay actividad agraria. Todos los años, en el mes de marzo el Gobierno daba a conocer la cuantía de los fondos habilitados –el último año 170 millones en Andalucía- con el fin de poder iniciar los proyectos en torno al mes de junio. Sin embargo, el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado ha hecho que se desconozca las inversiones para este año y ya parece difícil que los proyectos puedan estar listos antes del próximo otoño.

“La demora en la puesta en marcha del plan de empleo puede dejar a miles de jornaleros sin subsidio agrario”, ha denunciado Antonio Marcos, de la Federación de Industrias y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT en Jaén. Y es que si el plan, ahora denominado Programa de Fomento de Empleo Agrario (Profea), llega en otoño se producirá el solapamiento de las inversiones en los municipios con las principales campañas agrícolas, en especial la de la aceituna que es la que más empleo crea. “Si eso se produce no se cumplirá con el principal objetivo del PER, que es servir de complemento de renta en época donde no hay otro trabajo”, apunta Mariano Chinchilla, de la Federación Agroalimentaria de CC OO. En toda Andalucía son 480.000 los jornaleros que dependen de las 35 peonadas para poder cobrar el subsidio agrario.

Pero el temor de alcaldes y sindicatos va más allá. “El silencio del Gobierno sobre el PER nos hace temer que haya importantes recortes”, ha indicado Pedro Bruno, alcalde socialista de Espeluy (Jaén) y miembro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Además, creen que la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de la nación pone en peligro el futuro del plan de empleo al crear la figura del voluntariado social en los municipios a los perceptores de subsidios. “Es una mano de obra gratuita que va a llegar a los ayuntamientos y eso puede ser una puerta para la desaparición del sistema”, alerta Bruno.

Los sindicatos UGT y CC OO se temen una situación similar al decretazo del Gobierno central en 2002, que dejó fuera del sistema a más de 100.000 jornaleros en toda Andalucía al restringir y endurecer las condiciones de acceso. “Basta ya de amenazar a la gente, el PER está plenamente consolidado”, asegura el parlamentario autonómico del PP Francisco Armijo. El Gobierno tampoco ha atendido la petición de municipios y sindicatos para un PER especial por los efectos de la sequía en Andalucía.