El Ejecutivo arbitrará en tres meses ayudas para el retorno de los exiliados

El Parlamento vasco modificará, antes de que a finales del próximo mes de junio concluya el actual período de sesiones, la Ley de Reconocimiento y Reparación a la Víctimas del Terrorismo, aprobada en 2008, para dar cabida en ella a las personas que tuvieron que abandonar Euskadi por atentados, amenazas o acoso de ETA y deseen ahora volver. Así lo anunció ayer el consejero de Interior, Rodolfo Ares, tras presentar a la ponencia parlamentaria correspondiente el informe Proyecto Retorno, que aborda específicamente las demandas de ese tipo de víctimas del terrorismo etarra.

Para conseguir una mayor rapidez de tramitación, los grupos parlamentarios presentarán de forma conjunta una proposición de ley, tras consensuar el texto sobre la base de una propuesta que redactará la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que encabeza Maixabel Lasa.

Las ayudas (sean económicas, como la Renta de Garantía de Ingresos; de acceso a la vivienda de protección oficial, o encaminadas a la formación y la obtención de empleo) estarán reservadas a quienes demuestren que las necesitan, recalcó Ares. Es decir, no se prevé como beneficiarios potenciales, por ejemplo, a empresarios que huyeron de la extorsión o a profesionales con medios propios para sufragar su regreso.

Al tener los afectados actualmente establecida su residencia fuera de la comunidad autónoma, se habilitará una “fórmula de excepción”, para eximirles de la obligación de empadronamiento en el momento de realizar las solicitudes. De ese modo, podrán tramitarlas aunque aún se hallen empadronados fuera o no cumplan los plazos de residencia exigidos para tener derecho a las ayudas. En el caso de los empleados públicos, se atenderá “a sus circunstancias particulares, garantizando la adaptación al puesto de trabajo”.

El estudio fue encargado por Interior, por mandato del Parlamento autónomo, y lo realizó el Instituto Vasco de Criminología, perteneciente a la UPV. El equipo readctor estuvo integrado por los doctores José Luis de la Cuesta (presidente de Consejo de Víctimas del Terrorismo), Gema Varona, Virginia Mayordomo y César San Juan, todos ellos especialistas en victimología.

Ares destaca que es imposible poder precisar una cifra exacta de afectados

El informe parte del resultado de tres grupos de discusión. El primero estuvo formado por personas amenazadas, con una presencia mayoritaria de periodistas y de profesores universitarios. El segundo lo integraron familiares de asesinados por ETA en diferentes décadas, y de él se dedujo “la vivencia de la crueldad, la extensión inmensa de la victimización y su carácter irreversible e irreparable”. Y en el tercero participaron asociaciones y fundaciones vascas. El informe define como beneficiarios a las personas y sus familias que trasladaron su domicilio por ataques o amenazas.

Ares reiteró la imposibilidad de precisar una cifra sobre el número exacto de estos exiliados —muchos rehúsan hasta ser contabilizados porque quieren “pasar página”, indicó— y de los que regresarían. “No era el objetivo del estudio”, subrayó.