“No he estudiado oposiciones para echar a la gente de sus casas”

El notario Vicente Casellas no esperaba encontrarse con esto: unos 40 miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentraban esta mañana frente a su notaría y gritaban: “¡Gente sin casa, casas sin gente!”. Los bancos recurren cada vez más a notarios como Casellas para garantizar un proceso de ejecución hipotecaria en el que no participa ningún juez, por ser más rápido y barato. La PAH denuncia que las subastas notariales no ofrecen garantías a las familias desahuciadas y califican el sistema de “abusivo e inmoral”. El Gobierno ha intentado poner límites a los excesos que permitía la normativa en el decreto ley aprobado el pasado viernes, que incluye el código de buenas prácticas bancarias.

Mamadou Oury vivía en un piso con su familia hasta que perdió su trabajo y dejó de pagar. El banco Banesto, entidad con la que había firmado la hipoteca, decidió acudir a un notario para iniciar el proceso de ejecución y sacar el piso a subasta. Mamadou no puede defenderse frente al banco porque no hay ningún juzgado que examine el caso y no cuenta con un abogado. Tampoco puede solicitar que la entrega de las llaves salde la deuda con la entidad (la dación en pago), una posibilidad que han aceptado varios jueces en sentencias pioneras.

“La subasta notarial es un procedimiento indigno que no ofrece garantías”, afirma Marta Afuera, portavoz de la PAH en Girona. “Sabemos que muchos notarios se han negado a participar. Hemos venido a pedirle a este que haga lo mismo”, declaraba Afuera antes de llegar a la notaría que lleva el caso de Mamadou. En Cataluña, las ejecuciones extrajudiciales se han quintuplicado desde 2009: han pasado de 21 a 111 casos hasta diciembre de 2011.

El funcionario califica las subastas notariales de “barbaridad”, pero recuerda que son legales

Pero Casellas no lo tiene fácil. “Yo me limito a aplicar la ley”, justifica el notario. A medida que avanza la conversación, sin embargo, se refleja cada vez más su disgusto con este tipo de situaciones. “A mí las ejecuciones extrajudiciales me parecen una barbaridad”, confiesa, “pero son legales”. “Si quieren que esto deje de suceder, hay que cambiar las leyes”, afirma. “Yo no estudié unas oposiciones para acabar echando a la gente de sus casas”, concluye.

Y las leyes se han cambiado, aunque de forma demasiado tímida, según la opinión de la PAH. Los primeros en reaccionar ante esta situación fueron los propios notarios. El Consejo General del Notariado emitió hace unas semana una circular en la que ordenaba a los notarios no “autorizar ejecuciones hipotecarias que no fijen un tipo mínimo del 60% del valor de tasación”. No se trata de una cuestión menor: hasta esa circular, el banco se podía adjudicar el piso en la tercera subasta (si las dos primeras quedaban desiertas, como suele suceder) a partir de cualquier importe, incluso gratis. Luego la entidad podía seguir reclamando la totalidad de la deuda a la persona que había perdido su casa.

En las subasta judiciales, la ley establece que el banco no se puede adjudicar la vivienda por menos del 60% del valor de tasación, lo que garantiza que el desahuciado no arrastrará una deuda superior al 40% de diferencia entre la deuda total que contrajo con la entidad y el precio por el que el banco se adjudica el piso. La diferencia de garantías entre ambos procedimientos era tan palpable que el real decreto de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios recoge la cláusula del Consejo General del Notariado. “Esta medida sí es de obligado cumplimiento para los bancos”, explica Casellas –en contraposición a las recomendaciones sobre la dación en pago-. “El Gobierno ha fijado que en las ejecuciones extrajudiciales solo se hará una subasta y el piso no puede adjudicarse por menos del 60% del valor de tasación si es vivienda habitual”.

Los miembros de la PAH han llegado a un acuerdo con Casellas, que se ha ofrecido para mediar con la entidad bancaria en el proceso de ejecución de la hipoteca de Mamadou. El notario lo hace porque quiere: nada le obliga a interceder por un desahuciado. “No puedo imponer una solución negociada”, reconoce Casellas. Los miembros de la PAH se reunirán con él el próximo martes para conocer si se producen avances con el banco.