La juez Alaya cita como imputado un año después al exconsejero Fernández

La Junta apoyó a la Fiscalía Anticorrupción pero defiende la legalidad del convenio marco

El ex director general de Trabajo, Juan Márquez, (izquierda) acompañado de su abogado, acude al cuartel de la Guardia Civil.
El ex director general de Trabajo, Juan Márquez, (izquierda) acompañado de su abogado, acude al cuartel de la Guardia Civil.JULIÁN ROJAS

La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, ha citado al exconsejero de Empleo Antonio Fernández para que declare como imputado el próximo 19 de abril, un año después de informarle de su imputación, que este conoció a través de un burofax el 14 de marzo de 2011. La declaración de Fernández coincidirá con la constitución del Parlamento andaluz, fijada para el mismo día. La magistrada acusa al exconsejero de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación por permitir algunas de las irregularidades cometidas por el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, en prisión preventiva desde el pasado sábado.

Fernández, que actualmente preside el consejo regulador de los vinos de Jerez y consejero entre 2004 y 2010, es un histórico del PSOE andaluz y el mayor ex alto cargo de un Ejecutivo socialista imputado por Alaya.

Guerrero ha insistido en sus cuatro declaraciones policiales y la judicial en que informaba de todas sus decisiones a los exconsejeros Fernández y José Antonio Viera, este último diputado socialista aforado y que no está imputado en el caso. Ambos firmaron [Viera como consejero y Fernández como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA)] el convenio que en 2001 permitió el fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones. La juez estima que el acuerdo es ilegal porque su finalidad era “obviar los férreos controles de la Intervención General”, al sustituir las subvenciones excepcionales, que exigen un control más estricto, por las transferencias de financiación. Mientras, la Junta defiende la legalidad del convenio marco.

En su providencia del pasado domingo, la juez también cita como imputado al exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas para que declare el próximo 26 de julio. El calendario de comparecencias se inicia la próxima semana con el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo, así como los directivos de la empresa Acyco Encarnación Poto y Gabriel Barrero para el 16 de mayo. Además, los sindicalistas de CC OO Enrique Jiménez y Juan Antonio Caravaca acudirán al juzgado el próximo 12 de julio. Por el ERE de la firma Calderinox acudirán el próximo 12 de junio el exdelegado en Sevilla de Asuntos Sociales de la Junta Juan Rodríguez Cordobés y el intruso Antonio Fernández Garzón.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción, en su petición de 933 millones como fianza a Guerrero para que afronte las responsabilidades civiles, le consideró “corresponsable no solo del dinero dilapidado hasta su cese, sino también del que dejó comprometido (...) tomando como punto de partida el papel del imputado en la trama creada por la dación indiscriminada de fondos públicos”. Anticorrupción comparte la ilegalidad del convenio con la juez, y por ello para fijar las medidas cautelares reales ha tomado como referencia los 700 millones pagados a través del IFA. Es decir, la totalidad del dinero pagado gracias al acuerdo entre Empleo y el IFA en 2001. Además, la fiscalía subraya cómo Guerrero fue resposnable de los gastos “realizados al margen de la tesorería del IFA y mediante el sistema de pagos cruzados”. En ellas incluye Anticorrupción las pólizas del restaurante Río Grande, así como las primas pagadas por las pólizas de siete intrusos.

A pesar de que la Junta se adhirió a la petición de cárcel, esto no implica que considere ilegal el procedimiento, matizaron fuentes del Ejecutivo socialista. “Se toma como referencia para determinar el quebranto a las arcas públicas, pero la adhesión de la Junta no supone un posicionamiento al respecto”. Mientras, fuentes del PP aclararon ayer que esperan que la juez articule una fórmula para que los prejubilados “de buena fe” puedan percibir sus pólizas. El PP ha insistido en que el total de los 647 millones están mal concedidos por Empleo porque el procedimiento está viciado y existió una falta de control.

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Por otra parte, el ex director general de Trabajo Juan Márquez, sucesor de Javier Guerrero, se negó ayer a declarar como imputado ante la Guardia Civil. El abogado de Márquez, Manuel Pérez Cuajares, matizó que su cliente prefiere esperar hasta tener un conocimiento “completo y exhaustivo” de las actuaciones y entonces comparecer ante la juez instructora Mercedes Alaya.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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