Feijóo anunciará mañana la fusión de los municipios coruñeses de Cesuras y Oza

La frase resume el pensamiento político del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “La reducción del déficit garantiza el Estatuto de Autonomía”. Ortodoxia económica pura y dura y santificación de la estabilidad presupuestaria en el balance que deja cada año el debate de política general. Su discurso de dos horas glosó la política de contención de las cuentas públicas que según se encargó de recordar varias veces permite a Galicia “estar mejor que el resto de autonomías” y a su presidente asumir el compromiso de no rebajar el salario a los empleados públicos. “Ni lo hicimos ni lo haremos”, adelantó desde el atril al asegurar que la suya será la comunidad donde tendrán menor impacto el recorte de 26.000 millones que planea el Gobierno central. Fiel a esos gestos de austeridad en los que no se cansa de decir que su Gobierno fue pionero anunció otros tres: la supresión de todos los vicevaledores del Valedor do Pobo que tramita las quejas de los ciudadanos contra las Administraciones, la integración del Consello Galego da Competencia en el Instituto Galego do Consumo y la supresión del Consello Económico e Social al que se le buscara acomodo dentro del Consello de Relacións Laborais. Feijóo no explicitó qué ahorro adicional supondrán estas tres medidas que se propuso pactar con la oposición.

Con todo, su anuncio más rimbombante llega con suspense y lo pronunció con la voz quebrada al agradecer el trabajo del presidente de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, para que mañana pueda anunciarse la primera fusión de ayuntamientos. Adelantó que serán dos en la provincia coruñesa y quiso reservarse los titulares 24 horas. Fuentes del Gobierno gallego aseguraron a El PAÍS que se trata de los municipios Cesuras y Oza y que mañana los regidores de ambos municipios firmarán un protocolo ante el presidente gallego. En este mismo año también prevé aprobar una ley que garantice la espera máxima para la atención sanitaria, un compromiso incluido en el programa electoral que lleva tres años aguardando.

Eso por lo que concierne a la Xunta, pero Feijóo quiso poner deberes también al Ejecutivo de Mariano Rajoy con el que se reunirá este jueves. Al presidente del Gobierno le planteará una propuesta gallega para elevar a la Unión Europea y lograr un nuevo sistema de beneficios fiscales para la construcción naval, además de plantearle proyectos concretos para que los astilleros puedan por fin recibir pedidos. De Madrid espera también que lleguen 150 nuevos agentes para la policía autonómica, una confirmación que dijo haber recibido del ministro del Interior, Jorge Fernández, y que ayudarán a combatir “la lucha contra los incendios y el furtivismo”. “No descansaré hasta conseguir un nuevo sistema de financiación”, repitió Feijóo para hacer ver que sus demandas no se relajan con el cambio de partido en la Moncloa.

En el tramo final de su intervención, de una hora y 50 minutos, hizo un mínimo hueco para la autocrítica, abordó la corrupción que estos días inunda los diarios con el caso Campeón y dijo que esos sucesos “que afectan a los tres partidos nunca se debieron producir”. “La desafección política que acusan muchos ciudadanos se explica cuando ven comportamientos reprobables, cuando no se reacciona ante ellos o los políticos se instalan en una posición tacticista”. Sonó más como reproche a PSOE y BNG que a su propio partido que mantiene varios cargos imputados en las consellerías de Economía y Medio Ambiente. Con el número de parados exacto siempre en la cabeza, 274.675, cifra que repitió dos veces, Feijóo admitió que en Galicia hay demasiados problemas. “Los hay porque también los hay en España”, aclaró rápidamente. Invitó a socialistas y nacionalistas a pactar la enésima reforma de la ley del suelo y el futuro mapa municipal, así como las 20 leyes que prepara hasta el final de su mandato, sobre cuya conclusión no dio pistas. Su discurso le deparó dos docenas largas de aplausos de su grupo parlamentario y los reproches de la oposición en los pasillos, que le acusan de no tener un plan contra la crisis y el paro.