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Anulado el despido de un delegado de UGT acusado de irregularidades

H. B. tiene un procedimiento abierto por haber vendido contratos a inmigrantes 'sin papeles' La sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ve un defecto de forma en el despido El sindicato UGT asegura que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo

Clara Blanchar

La sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un empleado de Amic, la asociación de ayuda a inmigrantes de UGT, que además era delegado sindical de la organización. El mismo empleado H.B. tiene un proceso penal abierto por las irregularidades que habría cometido y que Amic denunció a la policía al detectar que vendía contratos a inmigrantes en situación irregular. El despido se produjo en noviembre de 2010 y las irregularidades investigadas, en ese año y 2009.

La sentencia, que obliga a Amic-UGT a readmitir al empleado o a indemnizarle, declara probado que el trabajador tiene un procedimiento abierto en el juzgado de instrucción número 25 de Barcelona a raíz de las investigaciones de la policía. Con todo, alerta de un defecto de forma en el despido. Al tratarse de un delegado sindical, la asamblea de trabajadores (el resto de empleados) revocó su condición, como es preceptivo, pero, conviene la sentencia, no se celebró el "expediente contradictorio", un careo con el resto de representantes sindicales. El fallo fue publicado ayer.

La presidenta de Amic, Raquel Gil, asegura que sí se realizó este "expediente contradictorio", y que el sindicato, "que trató este caso con extremo cuidado" tiene pruebas que le permitirán recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Gil alerta de que la sentencia del TSJC "no cuestiona las irregularidades cometidas por el empleado" y que el sindicato recurrirá porque "en ningún caso readmitirá a una persona que presuntamente estafó a compatriotas en un servicio que en buena parte se basa en la confianza de sus usuarios" . Según las investigaciones policiales a las que se refiere el juez, H.B. cobraba 600 euros por contrato de trabajo.

El abogado del afectado, Jorge Graupera, celebra una sentencia que, a su juicio, "demuestra la arbitrariedad con la que algunas empresas utilizan a sus empleados como kleenex, de usar y tirar". "Duele que afecte a un sindicato justo cuando está llamando a la huelga al tiempo que comete irregularidades de puertas adentro", afirma Graupera. Tanto fuentes del sindicato UGT como Gil, rechazan de plano que se despidiera al afectado por su condición de delegado, sino por las irregularidades que se detectó que cometieron. "A estas alturas no hacemos persecución sindical", asegura la presidenta de Amic.

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Sobre la firma

Clara Blanchar
Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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