El eterno estigma de la economía andaluza

En febrero de 2009, cuando ya se intuía que la crisis económica había llegado para quedarse, el desempleo en Andalucía ascendía al 21% de la población activa. Este periódico hablaba entonces de "paro desbocado". Tres años después, 1,24 millones de andaluces —una población equivalente a la de toda la provincia de Cádiz— están sin trabajo. La tasa se elevaba en el último trimestre de 2011 al 31,2%, una cifra que hace palidecer al más duro de los adjetivos.

Andalucía afronta las elecciones autonómicas en lo más crudo de la crisis económica más cruda de su historia reciente. Sin embargo, el paro —moderadamente alto en épocas de bonanza o desatado como ahora— es una presencia constante en la comunidad. El desempleo es el verdadero y eterno estigma de la economía regional. "En Andalucía el problema es el paro estructural. En las épocas de mayor bonanza y mejores condiciones de crecimiento, nunca ha bajado del 12%-14% y eso es muy elevado. Eso significa que hay un porcentaje muy grande de la población que está fuera del mercado de trabajo porque sus características productivas no encajan con las que demanda el mercado", afirma Joaquín Aurioles, profesor de Análisis Económico en la Universidad de Málaga.

Para Francisco Ferraro, catedrático de la Universidad de Sevilla y presidente del Observatorio Económico de Andalucía, hay al menos dos factores que explican que Andalucía lleve 30 años con paro elevado y con unas tasas de desarrollo medido en PIB per cápita en torno al 75% de la media española. "Hay una menor calidad de los recursos humanos, menor número de empresas y menos capital productivo empresarial invertido. En cada uno de los factores productivos tenemos una menor dotación, y por lo tanto, menor capacidad productiva y competitividad, y de generación de empleo", afirma Ferraro.

Por otro lado, el catedrático se refiere al "marco institucional de relaciones laborales que ha regido en España desde el franquismo hasta ahora". Según Ferraro, las leyes laborales "han sido poco estimulantes para la creación de empleo por parte de los empresarios".

Ambos expertos coinciden en que la reforma laboral presentada por el Gobierno el pasado 10 de febrero conseguirá crear empleo a medio y largo plazo al superar la "esclerosis del mercado de trabajo", en palabras de Aurioles. Sin embargo, auguran que en el corto plazo, y más si la economía sigue contrayéndose o creciendo a tasas inferiores al 2%, lo probable es que el desempleo se exacerbe. "En el corto plazo, el paro aumentará independientemente de la reforma laboral. Lo que pase después dependerá en parte del comportamiento de los empresarios: habrá quien creará empleo tras desembarazarse del corsé de las leyes anteriores, y otros aprovecharán el abaratamiento relativo del despido para eliminar empleo incluso del que necesitan", considera Ferraro. El catedrático sevillano ve razonable que sean los empresarios los que tengan en sus manos esta capacidad de decisión. "Lo que no me parece moralmente razonable es que pueda dar pie a arbitrariedades o abusos de la norma, y ese es el terreno propio de actuación de los sindicatos".

Hay una menor calidad de los recursos humanos

Francisco Ferraro, catedrático de la Universidad de Sevilla.

La escalada del paro viene acompañada de una destrucción de tejido empresarial desconocida hasta ahora y que puede lastrar seriamente la recuperación de la ocupación cuando el ciclo económico vuelva a crecer. Entre 2009 y 2011 un total de 54.072 empresas han desaparecido, lo que ha supuesto dejar en la calle a 333.549 trabajadores, según la Estadística de Actividad Empresarial que elabora la Junta. La defunción de empresas ha sido especialmente notable en la construcción y en los servicios. El paro por primera vez afecta de manera más virulenta a los hombres que a las mujeres.

 Las políticas de empleo están marcadas por la sospecha Joaquín Aurioles, profesor de la Universidad de Málaga.

Los expertos, en especial Aurioles, consideran que es necesario reorientar las llamadas políticas activas de empleo —los programas públicos para mejorar las posibilidades de trabajo de los desempleados— de modo que la formación se adapte mejor a las demandas del mercado. "También es importante contar con un sistema de incentivos que anime a la gente a la movilidad, a cambiar de empleo e incluso de sitio, y a preocuparse por la formación de forma consciente. Ahora los incentivos o son adversos, o son inexistentes", afirma.

Las políticas activas de empleo, que solo en 2011 supusieron una inversión de 1.079 millones de euros, adolecen, según Aurioles de opacidad. "Son programas proclives a un aprovechamiento éticamente discutible por parte de sus gestores y están excesivamente marcadas por la sospecha de que en torno a ellas hay demasiados intereses particulares", señala. El profesor malagueño insiste en que para que las políticas de empleo funcionen tienen que darse tres condiciones: "concurrencia en la selección de las empresas que dan la formación, seguimiento y control de los resultados de la formación, y fiscalización del gasto. En la formación no ha habido ninguna de las tres cosas, al menos que se conozca públicamente", sostiene Aurioles.