El principal acusado de los ERE centra sus acusaciones en Viera

Si empiezas una batalla, acábala. Esa máxima parece ser la estrategia de defensa del ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía y principal sospechoso en el caso de los ERE, Javier Guerrero, que ayer siguió apuntando hacia la cúpula del Gobierno andaluz en su segunda declaración ante la juez Mercedes Alaya. El ataque de ayer fue más incisivo aún, porque se centró en el diputado socialista y exconsejero de Empleo entre 2000 y 2004, José Antonio Viera, al que responsabilizó de decidir la inmensa mayoría de las subvenciones dadas en la provincia de Sevilla. Viera fue secretario general del PSOE provincial hasta hace un mes. No está imputado en la causa.

“Y eso Viera también lo sabía”, fue la coletilla más usada por Guerrero en una comparecencia de seis horas (ya van 12 y aún le restan a la juez 66 preguntas de un total de 144). La magistrada acusa a Guerrero, alto cargo de la Administración autonómica entre 1999 y 2008, de cohecho, malversación y otros cuatro delitos por las irregularidades en la gestión de un fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones por la Junta. La estrategia de Guerrero fue admitir que había cometido muchas “barbaridades”, pero que él solo ejecutó un sistema diseñado por sus superiores.

Los fondos que concentró la Sierra Norte sevillana (30 millones de 60 en ayudas directas en toda Andalucía), según declaró Guerrero, eran “excesivos”, pero fueron una “imposición” de Viera, que incluso cuando abandonó el cargo “siguió influyendo” para que se ayudara a este reducido grupo de empresas. El ex director general acusó a Viera de subvencionar al grupo empresarial Matadero de Sierra Morena, dirigido por el exconcejal socialista imputado José Enrique Rosendo, que recibió 12 millones en ayudas directas.

La juez subrayó en su interrogatorio que todos los Ayuntamientos beneficiados fueran del PSOE, y Guerrero volvió a responsabilizar a Viera junto al entonces viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Pero sobre todo al primero por su estrecha relación con los alcaldes. “Con el de Guadalcanal tenía Viera un feeling especial”, destacó Guerrero. “El hotel Posada del Moro se comprometió por indicaciones de Viera, porque iba a comer allí los fines de semana”, aseguró el acusado sobre esta empresa, que recibió 900.000 euros.

En su ataque a Viera, Guerrero le achacó la concesión de ayudas millonarias al sector del corcho sevillano, acaparadas en su mayoría por el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, cuyas sociedades recibieron nueve millones.

La particular percepción de la realidad del principal imputado en le caso de los ERE fraudulentos quedó patente: Guerrero denominó al fondo público “mi partida”, al igual que se refirió a las asociaciones de trabajadores, formadas por los prejubilados de las empresas, como “las asociaciones de la Junta”.

Guerrero representó el papel de víctima cuando Alaya le preguntó por qué regaló dinero del erario público en subvenciones sin que mediaran solicitudes: “Los expedientes iban completos, pero hay una clara intención de dispararme porque nunca fui del aparato del partido”, respondió. Más irónico, añadió: “Ahora va a parecer que tenía una bolsa de euros a mi lado, cuando el dinero era del IFA [Instituto de Fomento de Andalucía, pagador de las ayudas]”. Pasadas las 18.30, la juez le dijo: “Don Javier, es su momento”. Y ante tanta expectación, Guerrero defraudó a su audiencia: “Señoría, ahora me siento tan indignado que no puedo continuar”.