A juicio la trama de policías corruptos ligada a los prostíbulos Riviera y Saratoga

La trama de corrupción policial en torno a los prostíbulos Riviera y Saratoga de Castelldefels (Baix Llobregat) se sentará en el banquillo de los acusados. La juez Elisabet Castelló ha dado por concluida la investigación y mantiene imputados a un comisario y dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) por proteger a los dueños de los burdeles a cambio de dinero y regalos. La juez considera que hay indicios suficientes para llevar a juicio a 20 personas, entre las que figuran los amos de los prostíbulos, tres abogados y un inspector de licencias municipal.

La investigación, que se inició a raíz de una querella de la fiscalía y se ha prolongado cinco años, ha destapado las prácticas corruptas de diversos mandos policiales. En 2002, los dos clubes de alterne fueron objeto de inspecciones policiales, lo que “propició un acercamiento” con los responsables de los operativos. Los amos de los burdeles, que mantenían un “férreo control” sobre las chicas, instaron a los policías a evitar inspecciones en los momentos de más trabajo, como las noches de fin de semana, para evitar pérdidas económicas, relata la juez en su auto.

Durante seis años, los mandos policiales les informaron con antelación de las redadas en los locales. De esa forma, los empresarios podían evitar “la presencia de mujeres en situación irregular, menores de edad o cualquier otra irregularidad”, señala el auto. Entre los imputados está Luis Gómez, que fue comisario jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (Ucrif) y otros mandos de esa misma unidad.

Los mandos corruptos recibieron una cantidad mensual de 3.000 euros en metálico a cambio de la información

Los mandos corruptos recibieron una cantidad mensual de 3.000 euros en metálico a cambio de la información. El dinero les llegaba a través de un intermediario, Manuel Gutiérrez Carbajo, que figura como testigo en la causa. Además del dinero, recibían todo tipo de regalos: relojes de lujo —comprados en la joyería Rabat—, viajes de placer con sus esposas y operaciones quirúrgicas para sus hijos. Unos y otros “llegaron a establecer una estrecha amistad”, hasta el punto de que la trama también ayudó a los hijos de los policías a conseguir empleo.

Los tres abogados imputados —Àlex G., Fernando M. y Carlos C.— están acusados de coaccionar, entre 2006 y 2007, a ocho locales de prostitución de Barcelona para que entregaran periódicamente dinero a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía, también imputado, a cambio de cesar en sus inspecciones.

La investigación condujo también hasta el ingeniero municipal Joaquín Quílez, que alertaba de inspecciones en prostíbulos y destruía expedientes de cierre de establecimientos a cambio de dinero. Quílez fue condenado el año pasado por su implicación en una trama corrupta en la concesión de licencias ilegales.

Castelló ha dado traslado a las partes para que presenten sus escritos de acusación. Además, ha acordado prorrogar de forma indefinida el cierre cautelar de los dos prostíbulos, que están inactivos desde marzo de 2009. La juez atribuye a los imputados los delitos de falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos, uso de información privilegiada, cohecho, favorecimiento de la prostitución y la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores, coacciones y asociación ilícita.