Alaya imputa a tres empresarios y exediles del PSOE por las ayudas directas

La juez Mercedes Alaya ha imputado a los tres empresarios de la Sierra Norte sevillana, dos exconcejales y un exalcalde del PSOE, que recibieron un total de 21 millones en ayudas directas por parte de la Consejería de Empleo. Con estos tres acusados el número de imputados asciende a 52 en esta compleja causa que hoy y mañana incluye la declaración de su principal acusado, el ex director general Javier Guerrero, que se prevé muy prolongada.

Las cifras de las subvenciones millonarias que recibieron los tres empresarios acumulan ceros: si los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago percibieron más de 12 millones según la investigación, el exalcalde Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, recibió 9 millones para sus sociedades vinculadas al sector del corcho. La juez eleva en su auto la cifra recibida por Rosendo y Sayago a 29 millones, pero un informe de la agencia pública Idea (pagadora de las ayudas) rebaja a unos 12 millones más otro millón que recibió una sociedad municipal que ambos dirigieron. Posteriormente también la Guardia Civil se ha referido a unos 30 millones entregados en ayudas directas, pero para el total de la Sierra Norte, no para el grupo Matadero de Sierra Morena, vinculado a Rosendo y Sayago. “Sin mediar solicitud, sin existir procedimiento y sin haber acreditado los fines para las que fueron concedidas las ayudas”, subraya la magistrada.

Además, la juez acusó ayer a la Junta de sacar de contexto ciertas frases en un recurso, mientras que el Ejecutivo subrayó cómo la juez admitió suprimir una frase sobre la tesorería de Idea.

Por otra parte, la Junta despidió ayer al director de la empresa pública Mercasevilla Manuel Blanco, nombrado por el PP, tras un supuesto caso de espionaje político. El exdirectivo de Idea sustrajo información sensible como las actas del Consejo Rector de la agencia, que posteriormente fueron exhibidas en rueda de prensa por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, pese a que eran documentos confidenciales, según la Junta. Tras las alegaciones, la instructora ha optado por el despido disciplinario. “La máxima de las sanciones en su grado máximo (...) dada la comisión de faltas de carácter muy grave”, subraya el informe sobre su despido. Tras solicitar su excedencia como directivo del ente empresarial autonómico, el supuesto filtrador de los documentos fue nombrado director de Mercasevilla. Este admitió haber copiado documentos, pero alegó que su objetivo era poder trabajar desde casa, argumento que la instructora ha rechazado. Los servicios jurídicos de la Junta estudian ahora si denuncian la sustracción de documentos oficiales ante los tribunales.