Los empresarios exigen al Consell más presión para financiar el corredor

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha vuelto a levantar esta mañana la bandera del Corredor Ferroviario Mediterráneo. El proyecto recibió en octubre el visto bueno de la Unión Europea. Ahora, han indicado el presidente de AVE, Vicente Boluda, y el empresario Federico Félix ha llegado la hora de reivindicarlo ante el Gobierno, al que han atribuido “ambigüedad” en el compromiso con un proyecto que consideran imprescindible para el futuro de la economía valenciana.

El lobby también ha advertido de que, mientras las comunidades autónomas partidarias del Corredor Central están haciendo movimientos —especialmente después de que los presidentes de dichas autonomías se reunieran recientemente con la ministra de Fomento, Ana Pastor— el Gobierno valenciano no presiona lo suficiente: “Pensamos que nuestras autoridades deben tener un tono mucho más fuerte del que han mantenido hasta ahora”, ha declarado Félix.

El estudio, dirigido por el profesor de la Universitat de València César Camisón analiza diferentes escenarios sobre el impacto de la finalización de la infraestructura antes o después de 2015, que es la fecha en la que teóricamente debería esta entrar en funcionamiento. Las proyecciones de referencia (ni muy positivas ni muy negativas) elaboradas por Camisón y otros expertos españoles indican que de estar listo en 2015 el efecto sería muy positivo: las exportaciones aumentarían un 23%; el crecimiento adicional anual alcanzaría prácticamente un 0.9% del PIB, y la creación de empleo anual sería de promedio de 17.900 personas.

Si está en 2015 el impacto sería muy positivo. El retraso plantea un difícil escenario económico

Priorizar esfuerzos

La previsión de referencia en el supuesto de que estuviese terminado en 2020 apuntan a unos beneficios mucho menores: 3,8% de crecimiento de las exportaciones; crecimiento adicional anual equivalente a un 0,1% del PIB y pérdida anual de unos mil puestos de trabajo. Camisón ha advertido de que la proyección pesimista para el supuesto de que el corredor estuviese acabado en 2020 (y aún más si el retraso fuera mayor) serían muy negativas: caída de un 30% de las exportaciones, descenso anual en torno al 0,25% del PIB y destrucción de unos 22.450 puestos de trabajo al año.

Realizar la obra en un contexto de restricción del gasto público no es sencillo, pero según el profesor universitario la clave está en la priorización de esfuerzos. Así, según ha explicado Camisón, el Ministerio de Fomento ha anunciado una inversión de 77.000 millones hasta el año 2024. Mientras la inversión en trenes de alta velocidad de, según su criterio, dudosa rentabilidad a lo ancho de España absorbería 55.000 millones en ese periodo, el compromiso con el Corredor Mediterráneo se quedaría en 7.400 millones incluyendo la adjudicación de la conexión Valencia Castellón. Camisón también ha señalado que solo desplazar la actual frontera del corredor desde Tarragona hasta el sur del territorio valenciano costaría 5.400 millones.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Aznar, ha puesto de relieve la importancia del corredor para mantener a Valencia como una plataforma de primer orden en un contexto de concentración de los destinos portuarios. Félix se ha mostrado dispuesto a presionar por el buen fin de la infraestructura recurriendo si fuera necesario con “una contundencia fuera de lo normal”.