El ‘número dos’ de Cultura se lucró con 193.000 euros de la ACM

Una empresa de Xavier Solà, actual secretario general y número dos del Departamento de Cultura, facturó 193.853 euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) a finales de 2009 por un catálogo de masías que él mismo impulsó cuando era jefe de los servicios jurídicos de la entidad municipalista. Todas las facturas —65, cada una por un importe de 2.982,36 euros— se emitieron el 29 de diciembre, cuando estaba a punto de cerrarse el ejercicio anual. El concepto era el mismo en todas ellas: “Trabajos de redacción normativa, revisión general del catálogo y revisión estilística y de contenido” del programario y las fichas del Catálogo de masías y casas rurales. La única diferencia era el nombre del municipio donde se habían catalogado los edificios.

En el momento de la emisión de las facturas, el responsable de los pagos de la ACM era su secretario general, Josep Maria Matas, que el 24 de febrero fue destituido como coordinador general de la Diputación de Barcelona por las irregularidades cometidas en los 11 años que estuvo al frente de la ACM, tras las informaciones publicadas por EL PAÍS.

Matas y Solà —a los que une una estrecha amistad, además de ser ambos dirigentes de CDC en Osona— trabajaron codo a codo en la ACM entre los años 2000 y 2007, hasta que este último se presentó a las elecciones municipales de Vic y, tras la victoria de CiU, se convirtió en el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de esta localidad.

Fue durante el periodo en el que trabajaron juntos en la ACM cuando Solà impulsó el catálogo de masías. El proyecto tenía por objetivo inventariar el patrimonio arquitectónico rural de los municipios catalanes y surgió por la necesidad de los Ayuntamientos de disponer de un catálogo de masías y casas rurales, según lo establecido por la Ley de Urbanismo aprobada en 2002. El catálogo se elaboró mediante convenios entre la ACM y las entidades que han realizado los trabajos del mismo, como las universidades de Lleida y de Vic, y la Fundación Mas i Terra, que entre 2005 y 2009 catalogaron el patrimonio de decenas de municipios.

En las dos universidades y en la Fundación Mas i Terra el proceso era el mismo: las tres centralizaban el proceso de producción y encargaban el trabajo de campo a jóvenes historiadores, geógrafos y otros especialistas. En el caso de las universidades, solían ser becarios quienes realizaban el trabajo bajo la coordinación del profesorado.

Solà respondió ayer a este diario que las facturas son por su labor profesional —es abogado— y que responden a “la parte jurídica, la revisión y la coherencia normativa de todo el trabajo”. El número dos de Cultura también explicó que “cada catálogo tiene su propia normativa, aunque eso no significa que las normativas no se parezcan entre ellas”.

Cuando Solà emitió las 65 facturas del catálogo, tan solo hacía 15 días que había adquirido la empresa que luego utilizó para cobrar el servicio, EiL Sau, que había sido creada en marzo de 1998 en la comarca de Osona y se dedicaba a actividades lúdicas. Tras unos años en funcionamiento, en 2004 sus propietarios dieron por finalizada su actividad. Cuando, a finales de 2009, Solà hizo la oferta para comprarla, EiL Sau ya llevaba cinco años inoperativa.

La venta de las acciones tuvo lugar el 14 de diciembre de aquel año en Vic. Los compradores eran Solà —aún primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la capital de Osona— y su esposa, Meritxell Inaraja, arquitecta de profesión.

Solà ha admitido que tramitó las 65 facturas tras comprar una empresa “por temas fiscales, lo que no es ninguna ilegalidad”. De esta forma pagaba menos impuestos a Hacienda, ya que en lugarde tributar el 43% correspondiente a sus ingresos como persona física, pagaba el máximo del 30% que corresponde a una sociedad.

Tras hacerse con la empresa, Solà y su esposa cambiaron el objeto social por el de arrendamiento y gestión de fincas urbanas. Oficialmente, la empresa no tiene más trabajador que Solà —que aparece como administrador— y tampoco dispone de oficinas, ya que la dirección social se trasladó a la casa de la zona residencial de Vic donde vive la pareja. La sociedad, por tanto, no tiene estructura empresarial alguna.

Según consta en el registro mercantil, en 2009 la empresa declaró un importe neto de cifra de negocio de 167.115 euros, lo que coincide con los 193.853 euros de las 65 facturas, menos el IVA. Aquel año EiL Sau no tuvo más ingresos, pues en los meses anteriores, debido a la situación de inoperatividad de la sociedad, no había habido movimiento alguno.

Aparte de las facturas del catálogo, la empresa no registró posteriormente ningún otro ingreso, ya que en el último balance depositado en el registro mercantil —correspondiente al ejercicio del 2010— no se observa actividad empresarial de ningún tipo. “Aquel año no pude trabajar con esta empresa”, justifica Solà, que admite que desde 2011 la sociedad vuelve a estar inoperativa.

Con relación a “la revisión estilística y de contenido”, EL PAÍS ha contactado con los responsables de los 65 catálogos, tanto en las dos universidades como en la Fundación Mas i Terra. Todos ellos han admitido que nunca externalizaron nada a ninguna empresa y que eran ellos los que entregaban el material cuando estaba finalizado.

Otro hecho relevante es que todas las facturas eran por el mismo importe pese a la gran diferencia de masías, y por tanto de trabajo, que implicaban los catálogos según el municipio. Así (véanse las facturas de la imagen), mientras que en Tagamanent tan solo había unas pocas decenas de edificios por catalogar, en Les Franqueses del Vallès —un caso excepcional— se acercan a los 400, diferencias que no se reproducen en las facturas de Solà.

Por otra parte, el importe de cada factura de Solà —2.571 euros una vez restado el IVA— es en algunos casos muy superior al coste final de los trabajos completos de catalogación, impresión incluida, en algunos municipios con pocas masías. En algunos casos, el coste total del catálogo era de apenas 600 euros, mientras que las facturas de Solà multiplicaban por cinco esta cantidad. “Si quieres, puedes decir que soy un abogado muy caro”, respondió Solà cuando se le hizo notar esa diferencia en los importes.