_
_
_
_
_

Anticorrupción pide que se cite a declarar al director de Trabajo de la Junta

La fiscalía reclama documentación y un informe de la Agencia Tributaria sobre Garrigues y Villasís

Daniel Rivera, en una imagen de archivo.
Daniel Rivera, en una imagen de archivo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido este viernes al Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla, que investiga el llamado caso ERE, que cite a declarar a todos los imputados por los pagos efectuados a las empresas o trabajadores de Calderinox, Acyco, Surcolor (incluyendo Surcolor Óptica), Aglomerados Morell y Restaurante Río Grande. Esta petición implicaría al actual director general de Trabajo de la Junta, Daniel Rivera, imputado por la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya el pasado 27 de enero. Además la fiscalía reclama documentación a los despachos de abogados Garrigues y Villasís, así como un informe fiscal.

La magistrada imputó a Rivera el pasado 27 de enero y a su antecesor, Juan Márquez. Alaya les acusa de haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). “Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o protocolo de colaboración”, señaló en un auto.

Anticorrupción pretende, además, que se convoque la comparecencia sobre medidas cautelares respecto del imputado Gómez Romón, quien se negó a declarar en sede judicial.

La fiscalía detalla que se comunique la condición de responsables civiles subsidiarios a Río Grande (a la que pide dos millones de euros de fianza), a las otras empresas imputadas, Comisiones Obreras, Despacho de Abogados Garrigues, Estudios Jurídicos Villasís, Cenforpre (en cuyo nombre actuó el imputado Gómez Romón), Uniter, Vitalia y Asociación 3 de Julio, formada por extrabajadores de Acyco

Después de que la fiscalía pidiera la investigación de los despachos de abogados de Garrigues y Villasís, ahora considera necesario que se les requiera “la justificación documental del asesoramiento técnico y jurídico prestado y facturado, de manera directa o indirecta”, a través de agencias públicas ligadas a la Junta de Andalucía, empresas, trabajadores o asociaciones.

Finalmente, la fiscalía reclama un informe a la Agencia Tributaria sobre las operaciones declaradas por estos despachos de letrados reseñadas con otras sociedades.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

El auto de la juez previa a la actuación de la fiscalía implica a dos de los mayores bufetes del país, Garrigues y Villasís, por su intervención en todo el proceso de negociación y tramitación del ERE de la empresa Acyco. Alaya también les acusa de “obviar el procedimiento administrativo adecuado” y participar en la inclusión de dos intrusos y la presidenta del Consejo de Administración, Encarnación Poto, pese a saber que seguiría vinculada a la empresa.

De Villasís, la juez dice que son “especialistas en prejubilaciones financiadas por la Junta”, y sospecha que favorecieron la inclusión de dos intrusos en Surcolor a través de su comercial Juan Lanzas.

Finalmente, la responsabilidad de Comisiones Obreras responde a que la magistrada imputa a los sindicalistas Enrique Manuel Jiménez y Juan Antonio Caravaca por colaborar para incluir un intruso en Calderinox.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_