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LA POLÉMICA DE LAS ‘VACACIONES FISCALES’

Almunia reprocha a las Diputaciones que falta “mucho dinero” por recobrar

El comisario enfatiza que “solo cabe discutir los términos de la recuperación”

Pedro Gorospe
Joaquín Almunia, durante la conferencia que impartió ayer en Vitoria.
Joaquín Almunia, durante la conferencia que impartió ayer en Vitoria.DAVID AGUILAR (EFE)

Quince años de conflicto y los ojos de cuatro comisarios de la Competencia seguidos suponen mucho como para que las cuentas de las vacaciones fiscales estén mal hechas. El vicepresidente de la Comisión Europea y actual responsable de Competencia, Joaquín Almunia, recalcó ayer en Vitoria que las liquidaciones que remitió a las tres Diputaciones con los importes que debían devolver las empresas a que se le concedieron esas ayudas, declaradas ilegales por Bruselas, estaban bien calculados casi en su totalidad.

Es más, dejó caer que tras tanto tiempo y dos propuestas de sanciones millonarias para las Diputaciones por incumplimientos sistemáticos de sus obligaciones, los errores están “en el otro lado”, por las instituciones forales, “y todavía falta mucho dinero por devolver”.

Las desconocidas SPE

Una de las preguntas escritas que los asistentes a su conferencias plantearon al comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, tras su conferencia inquiría sobre las denominadas Sociedades de Promoción de Empresas (SPE). Uno de los invitados quería saber si “en una Europa que avanza hacia la armonización fiscal tienen cabida ese tipo de productos financieros”.

Las tres Haciendas forales mantienen en vigor un régimen especial para las empresas que se ha convertido en un refugio para decenas de sociedades que consiguen eludir sus impuestos. Recogidas en el artículo 60 de las normas forales que regulan el Impuesto de Sociedades de los tres territorios y aprobadas en julio de 1996, este régimen se concede previa autorización foral a entidades con un capital desembolsado de al menos 3.005.060,52 euros cuyo objeto social sea “promover o fomentar empresas mediante la participación temporal en su capital”.

Puede llegar a abonarse solamente el 1% de los beneficios empresariales, cuando el tipo general en Euskadi es del 28% (el 24% para las pymes). “No conozco el caso concreto” de esas sociedades, respondió el comisario de Competencia.

Almunia, que participó en el foro El Correo de Álava, hasta entonces había mantenido en su intervención un tono más diplomático que político. Su apreciación llegó en el turno de preguntas del auditorio, en concreto a una del diputado general de Álava, Javier de Andrés, quien se encontraba frente a él. El mandatario foral le inquirió sobre la posibilidad de que la UE haya cometido algún “error” en el cálculo individualizado de las liquidaciones.

El vicepresidente de la Comisión lamentó la ausencia de diálogo entre las instituciones vascas y españolas y Bruselas “durante demasiado tiempo” sobre este asunto. A renglón seguido, consideró que, “agotadas ya todas las posibilidades jurídicas” ante el Tribunal de Justicia de la UE sobre el fondo del caso, “solo cabe discutir las condiciones de la recuperación de la ayuda”.

La UE declaró ilegales en 2001 las vacaciones fiscales, rebajas y exenciones en el Impuesto de Sociedades que las Diputaciones concedieron en la década de los noventa. En 2006, los tribunales europeos ratificaron esa sentencia y la exigencia de devolución de las ayudas, proceso que debería haberse iniciado ya en 2001. En septiembre pasado, una década después, aún seguían sin devolver el 87% de ellas. Ese porcentaje se ha reducido desde que hace cinco meses Bizkaia diera un viraje a su estrategia y empezara a recuperar las ayudas por su cuenta.

Las instituciones forales eluden polemizar con el responsable europeo

Almunia confirmó ayer que todavía existen importantes diferencias entre las tres Haciendas forales y además “en algunos casos queda todavía mucho por recuperar”. El comisario no apuntó directamente a ninguna, pero muchos de los presentes interpretaron que se refería precisamente a Álava.

De los más de 570 millones de euros cuya devolución exigió Bruselas, según la cifra que reveló Bizkaia en su día, se estima que empresas alavesas son las más afectadas por las cuantiosas ayudas concedidas en su día al sector bodeguero. Las tres Diputaciones prefirieron ayer no polemizar con el comisario.

El problema es que, como sugirió Almunia, mientras la UE no certifique que las ayudas se han recuperado o que se ha fijado un mecanismo estable de devolución, sigue corriendo la primera multa —unos 47 millones ya—, que será efectiva cuando la apruebe el Tribunal de Luxemburgo. Después llegará una segunda de un millón de euros cada cuatro días si las Diputaciones siguen sin recobrar el dinero.

“El interés de todos es encontrar la vía más adecuada para devolver lo que hay que devolver y sé que eso requiere muchos esfuerzos en algunos casos”, admitió el comisario. Pero a renglón seguido pidió que la negociación que se aborde con las firmas afectadas se haga bien: “No vayamos a empezar otra vez”, advirtió en un tono de cierto hartazgo.

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Sobre la firma

Pedro Gorospe
Corresponsal en el País Vasco cubre la actualidad política, social y económica. Licenciado en Ciencias de la Información por la UPV-EHU, perteneció a las redacciones de la nueva Gaceta del Norte, Deia, Gaur Express y como productor la televisión pública vasca EITB antes de llegar a EL PAÍS. Es autor del libro El inconformismo de Koldo Saratxaga.

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