El Parlamento eleva el control de las sociedades con participación público

Una sociedad de naturaleza privada en la que tenga presencia mayoritaria el capital público debe tener un control público. Esta es la máxima en virtud de la cual el Parlamento aprobó ayer la ley de Entidades Participadas, una nueva norma que permitirá a la Cámara y al Gobierno tener un mayor control sobre las cuentas de estas sociedades, que hasta ahora mantenían sus cuentas bajo el resguardo de su régimen jurídico privado, naturaleza que aducían para escapar en parte de la lupa pública.

No son pocas las entidades que cuentan mayoritariamente con un presupuesto público, pero que, al provenir de distintas Administraciones, no se refleja en un correspondiente control público de la sociedad. Algunas de ellas han tenido problemas económicos. El Ejecutivo autónomo participa directamente en 42 sociedades de estas características e indirectamente en otras 26, según los datos del Departamento de Economía.

Aguirre subraya que las firmas estaban “insuficientemente reguladas”

Entre ellas figuran algunas tan importantes como el Museo Guggenheim de Bilbao o el BEC, que entre 2004 y 2010 ha acumulado pérdidas de 14,75 millones de euros. También otras, como el Consorcio de Transportes de Bizkaia, el Museo Balenciaga, las sociedades de promoción de los aeropuertos de Vitoria y Loiu, el Donostia International Physics Center o el Zinemaldia.

Hasta el momento, estas sociedades han estado “insuficientemente reguladas”, reconoció el consejero de Economía, Carlos Aguirre, en el pleno ordinario de la Cámara. Aguirre apuntó que estas sociedades están en una “situación anómala”, porque se encuentran en una “tierra de nadie” jurídica.

La Administración podrá influir en su endeudamiento y en las retribuciones

La ley, aprobada por el Legislativo por unanimidad, permitirá a la Oficina de Control Económico del Gobierno realizar auditorías de las cuentas de la entidad con presencia mayoritaria de capital público, intervención que hasta ahora solo tenía cobertura legal a la hora de revisar las ayudas oficiales y si se habían empleado para los fines previstos.

Al no poder imponer el carácter público a estas sociedades, las Administraciones que participen en ellas deberán firmar convenios —previamente a su participación— para regular el régimen económico y financiero, de manera que las instituciones podrán influir en cuestiones como su endeudamiento o las retribuciones del personal y sus incrementos, hasta ahora fuera del control público. Todos estos movimientos deberán ser notificados al Parlamento.

La ley ha sido desarrollada como respuesta a un mandato parlamentario de 2010 y hace suyas algunas cuestiones planteadas por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. El nuevo texto legal también es una vieja reclamación de los socialistas en el Parlamento que hasta ahora no había tenido respuesta positiva. Su aprobación supone modificar el texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, la Ley de Control Económico y Contabilidad y la Ley de Tribunal vasco de Cuentas Públicas.

Por otro lado, el Parlamento rechazó ayer la enmienda a la totalidad presentada por Ezker Anitza a la ley de Cajas, con los votos en contra de PNV, PSE y PP, la abstención de EA y UPyD y el apoyo al enmendante de Aralar. Mikel Arana, de Ezker Anitza, justificó su enmienda señalando que la ley podría suponer la desaparición de las tres cajas al nacer Kutxabank.

Aguirre defendió el proyecto de ley asegurando que no es un mero traslado de la normativa estatal al País Vasco. El PSE y el PP destacaron que sin ella las cajas vascas no competirían en igualdad de condiciones con el resto.