El juez archiva la causa por el desalojo de la plaza de Catalunya

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona, Josep Maria Miquel Porres archivó este jueves la causa abierta por el desalojo de indignados de la plaza de Catalunya del 27 de mayo del año pasado. Tras tomar declaración como imputados a mandos policiales y políticos —el director general de la policía, Manel Prat, y la exconcejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona Assumpta Escarp— el juez concluye que la actuación de los Mossos d’Esquadra fue “razonablemente proporcionada”.

De las conversaciones del jefe del dispositivo, el comisario Joan Carles Molinero, con los mandos sobre el terreno se desprende que, tal como explicó el consejero de Interior, Felip Puig, el objetivo de la intervención policial no era desalojar a los miembros del 15-M, sino limpiar la plaza de objetos peligrosos por la previsible celebración de la Champions. “Poco a poco vayamos reduciendo el cordón y dejemos que los manifestantes vuelvan a ocupar la plaza, pero vayamos retirando la fuerza policial”, ordenó Molinero.

Otros dos factores, dice el juez, corroboran esa tesis: la “absoluta libertad deambulatoria” tras las cargas policiales y los 35 camiones de limpieza que se precisaron para retirar los objetos acumulados en la plaza —palos, bombonas de gas, colchones— que podrían haber convertido la celebración por el triunfo azulgrana en una jornada “más irresoluble y conflictiva”.

Dejemos que los manifestantes vuelvan a ocupar la plaza", dijo Molinero

En su interlocutoria, el juez considera que no se vulneró el derecho de reunión, ya que fue una manifestación “espontánea”. Las protestas del 15-M, razona Porres, son motivadas por “reivindicaciones socioeconómicas” y, pese a la “apropiación” del espacio público, constituyen “una de las expresiones más nítidamente democráticas” que contaba “con la complicidad de muchos ciudadanos”.

Durante dos horas, los Mossos mostraron una actitud “dialogante”, pero toparon con la “obstrucción” de los concentrados, que llevaron a cabo “algunos actos de sabotaje y agresiones a los agentes”. La llegada masiva de personas a la plaza, indica el juez, hizo imposible a los Mossos cumplir su misión de retirar objetos.

A las 9.12 horas, tras constatar que no tenían “suficiente fuerza” y que los camiones estaban “rodeados”, Molinero autorizó el uso mínimo de la fuerza necesaria, que vino precedido de la comunicación por megafonía. Los antidisturbios usaron sus defensas y lanzaron pelotas de goma. Hubo un total de 85 heridos, de los cuales 49 fueron indignados y 36 policías. El uso de la fuerza, concluye el juez, estaba justificado y fue “razonablemente proporcional”. No hubo “muestras de extralimitación”, ya que los agentes propinaron la mayoría de golpes en “manos, brazos, glúteos y piernas”.

La resolución provocó ayer reacciones dispares. Puig expresó su “elevada satisfacción” y celebró que se haya reconocido la “correcta actuación” policial. Los abogados de los indignados, en cambio, lamentaron que el juez haya cerrado el caso sin practicar todas las diligencias necesarias y anunciaron que recurrirán el archivo.