SOS Racismo denuncia la presunta estafa a 300 inmigrantes

La organización SOS Racismo informó ayer de la existencia de, al menos, once procedimientos judiciales en ocho juzgados de instrucción de Bilbao, abiertos entre 2007 y 2011, por estafas a más de trescientos inmigrantes a quienes se cobraba por conseguirles un contrato de trabajo que resultaba ser falso.

Según denunciaron ayer el abogado Carlos Alonso y la representante de SOS Racismo Brígida Ridruejo, los presuntos estafadores pedían entre 1.000 y 2.000 euros por tramitar y conseguir un permiso de trabajo y residencia facilitando una oferta de trabajo. Sin embargo, las solicitudes enviadas a las subdelegaciones de las provincias donde actuaban los estafadores —Bizkaia principalmente, pero también Cantabria, Zaragoza, Burgos, Gipuzkoa y Palencia—, eran rechazadas porque las ofertas de trabajo eran ficticias, ya fuera porque la empresa no existía o porque se hubieran falsificado sus datos y firmas.

Según los denunciantes, al menos nueve de los procedimientos judiciales abiertos se siguen contra una abogada bilbaína que ya fue condenada en 2008, junto con algunos cómplices, por hechos similares a estos y por los que fue penada con dos años de prisión, dos años de inhabilitación y con sanciones económicas. A pesar de estar inhabilitada, esta letrada habría continuado, según SOS Racismo, con estas prácticas tanto durante el tiempo en que no podía ejercer como abogada como una vez cumplida su inhabilitación y hasta finales de 2011. La letrada es María del Carmen Formoso, quien señaló a este periódico que las acusaciones son “totalmente falsas”.

Lenta tramitación

Los denunciantes explicaron que la mayoría de los procedimientos abiertos se encuentran en fase de diligencias previas y que la tramitación es “muy lenta” debido a la gran cantidad de personas afectadas y a las dificultades que hay en ocasiones para localizarlas y tomarles declaración dada su situación irregular. El grueso de los inmigrantes estafados son senegaleses y magrebíes, aunque también hay algunos latinoamericanos. SOS Racismo se ha personado como acusación particular en algunos de los procedimientos para “esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y evitar que se sigan produciendo”. Este colectivo ha denunciado que, tras la supresión del servicio de asesoramiento jurídico a inmigrantes del Gobierno vasco, Heldu, los inmigrantes “están desamparados”.