El gabinete de Blasco orientó a la matriz de la trama de cooperación

Correos electrónicos entre el gabinete del entonces consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, y el personal de la Fundación Hemisferio, intercambiados a lo largo del año 2009, revelan el estrecho contacto entre la consejería y la matriz de la trama de corrupción que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellas el responsable de esa entidad, Augusto César Tauroni, el único de los imputados que ha ingresado en prisión sin fianza.

La Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Entre Pueblos, hasta que la auténtica organización Entrepueblos obligó por sentencia judicial a que cambiara de nombre) era el centro de la trama que supuestamente defraudaba fondos de las subvenciones de la Generalitat para cooperación internacional. Una trama que ha desarticulado la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, a raíz de una investigación del fiscal Anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, y que ha llevado a imputar a todo el equipo de la consejería: el director general, Josep Maria Felip, el secretario general, Alexandre Català, y el jefe de Cooperación, Marc Llinares.

La irrupción a partir de finales de 2008 de la Fundación Hemisferio y su predominante papel en la redacción de proyectos de diversas organizaciones no gubernamentales desconocidas o de pequeño tamaño, generosamente subvencionados por la consejería de Blasco, fueron denunciados en octubre de 2010 por la diputada Mireia Mollà, de la Coalició Compromís, que aportó a la Fiscalía Anticorrupción una abundante documentación. La investigación, llevada en secreto desde que el fiscal denunció ante el juzgado el caso en mayo de 2011, ha profundizado en las irregularidades denunciadas y aportado nueva documentación. Declaraciones de alguno de los detenidos, como Fernando Darder, de Esperanza sin Fronteras, habrían señalado que Marc Llinares recomendaba dirigirse a Hemisferio a los responsables de entidades y ONG. Los correos revelan que, además, desde la consejería se orientaba a la fundación sobre cómo redactar proyectos y obtener subvenciones.

“No os olvidéis de presentar los impresos normalizados de solicitudes”, tecleaba desde su ordenador a primera hora de la mañana del 21 de enero de 2009 un miembro del gabinete técnico de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Era la última de siete recomendaciones que envió por correo electrónico a una empleada de la Fundación Hemisferio. Esta última respondió al email de su interlocutor, cuya dirección correspondía al dominio gva, de la Generalitat Valenciana: “Gracias por la respuesta a mis dudas, pero hay otra pregunta que te hice y que creo que en la servilleta no fue anotada. Si nosotros tenemos AECID abanderamos un proyecto pero no tenemos experiencia, la experiencia la aporta la ONG que no tiene AECID, ¿podemos presentar así un proyecto?”.

“La puntuación en ese apartado será baja, pero puede compensarse”

El intercambio electrónico, que figura entre los documentos que maneja la investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación, aparte de revelar que personal de la consejería y de Hemisferio mantenían un contacto tan estrecho como para verse y anotarse cosas en una servilleta, demuestra que Hemisferio se guiaba por las indicaciones que recibía desde el departamento que debía concederle las ayudas. La acreditación de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) planteaba un problema a la matriz de la trama de corrupción porque aunque la propia fundación la tenía, no podía alegar experiencia y, en cambio, una ONG con la que quería presentar un proyecto “en agrupación”, no tenía la certificación.

El interlocutor en la consejería le respondió a primera hora de la tarde: “La experiencia previa aportada por una ONG sin AECID no se considerará como experiencia previa de una ONGD. Ello no debe hacerte desistir de presentar un proyecto porque el único problema es que la puntuación en ese apartado será baja pero puede compensarse con otros apartados en el baremo final”.

A continuación le pasaba a la empleada de hemisferio los datos del delegado saharaui en la Comunidad Valenciana y le explicaba que “desde la consejería se habían financiado muchos proyectos, normalmente presentados por la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui”. Como ese año dudaban si se presentaban, el asesor del gabinete de la consejería de Rafael Blasco añadía: “Les he hablado directamente de la necesidad de trabajar con ONGD de confianza y les he tenido que insistir bastante porque ellos están muy vinculados a la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui y me decían que con ellos trabajan bien y patatín y patatán. Incluso me comentaron que si van a la convocatoria de desarrollo sólo tendrían que reformular el proyecto del año pasado, por lo que tendrían tiempo más que suficiente. El objetivo es trabajar a medio largo plazo con ellos pero desde otra perspectiva. Creo que se pueden hacer cosas muy interesantes”.

Al final, los saharauis no picaron y no quisieron trabajar con la Fundación Hemisferio, a cuyo alrededor acabaría gravitando toda una red de pequeñas organizaciones y proyectos claramente sobrevalorados para su capacidad logística. Unos proyectos a los que facturaban grandes cantidades empresas de los fundadores de Hemisferio y de otras personas vinculadas a ellos.

Desde el correo electrónico del miembro del gabinete técnico de la consejería llegó un último correo a Hemisferio pasadas las siete de la tarde de aquel día de enero. Insistía a su interlocutora: “Llama lo antes posible a los saharauis”. Y se despedía: “Llevo un día que no te imaginas... pero ya me voy a casa”.