EA presenta 21 alegaciones al decreto sobre las víctimas policiales

Eusko Alkartasuna (EA) explicitó ayer varias de las 21 alegaciones que ha preparado al decreto de víctimas de excesos policiales entre 1968 y 1978 presentado por el Gobierno la semana pasada y que hacen presagiar una difícil incorporación de su único parlamentario, Juan José Agirrezabala, al consenso que el Ejecutivo querría. Agirrezabala le atribuyó una carencia de base: que no reconoce “la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos, tanto antes como después de 1978”.

Su partido, ahora coligado con la izquierda abertzale en Bildu y Amaiur, tampoco acepta que la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno ocupe la presidencia de la comisión que evaluará a las víctimas. Quiere una personalidad de prestigio reconocido como experto independiente, como prevé el decreto para el resto de sus integrantes.

Agirrezabala admitió que el del Gobierno es “un paso adelante”, pero consideró que “se queda corto” y le quitó trascendencia: “Partimos de cero, así que cualquier cosa que se haga es un paso adelante”, minimizó.

EA dice, por un lado, que quiere una ley para estas víctimas, del mismo modo que por ley se reguló la protección a las del terrorismo, y también reclama que las indemnizaciones se equiparen a las de estas. Por otro, y ante la seguridad de que no habrá tal ley, Agirrezabala abogó por un decreto único y sin ningún límite temporal. El gobierno la ha colocado en la aprobación de la Constitución en referéndum, en diciembre de 1978, para diferenciar entre hechos ocurridos durante la dictadura y los acaecidos ya en democracia.

Fechas

EA, en cambio, cree que no es el tipo de régimen el que define la gravedad de una vulneración de derechos humanos, sino la vulneración en sí.

Agirrezabala reclamó también que se extienda el efecto del decreto hasta 1960, como otro elemento de equiparación con la Ley de Víctimas del Terrorismo, que se retrotrajo a esa fecha para dar cabida al asesinato de la niña Begoña Urroz.

La consejera de Justicia, Idoia Mendia, ya dijo que ese alcance temporal puede cambiar. “Es imprescindible evitar discriminaciones que no tienen ninguna justificación”, juzgó el parlamentario de EA.