Las duplicidades siguen creciendo

Euskadi cuenta con tres o cuatro ejemplos de casi todo en el sector público. No sucede igual en las familias. En plena época de recortes, de ajuste de gastos, y de batalla abierta por la eficiencia, también de esfuerzos para racionalizar la Administración, las Diputaciones siguen creciendo, en este caso en instrumentos duplicados o triplicados, símplemente por una cuestión de competencia.

Las Administraciones forales tiene ya operativos o en su última fase de creación, antes de su puesta en marcha, sus propios tribunales de recursos contractuales, pese a que el Gobierno ya creó uno, independiente del Ejecutivo, para dar cabida a todo el tráfico de recursos relacionados con la contratación pública en Euskadi. Además, de paso unificaba el criterio en la resolución de ese tipo de conflictos frente a sus proveedores.

Los órganos acogen los recursos relacionados con la contratación pública

Con el anterior sistema, cuando un licitador creía que la decisión en materia de contratación no era ajustada tenía que acudir a la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo con lo que, en muchos casos, la resolución llegaba cuando el objeto de la contratación ya se había ejecutado. Ahora, desde la entrada en vigor de la ley española de Contratos del Sector Público en agosto de 2010, el órgano paraliza de forma cautelar el desarrollo y sus resoluciones son mucho más rápidas.

Se trata de instrumentos independientes de la Administración para evitar que en ese tipo de conflictos la institución que saca el concurso actúe como juez y parte. La ley autoriza a tener un órgano o tribunal propio —dependiendo de si es unipersonal o compuesto por tres personas— al Gobierno, las tres Diputaciones y los Ayuntamientos que tienen más de 50.000 habitantes.

Las tres capitales emplean los recursos del Ejecutivo autónomo

“Es absurdo que cada institución foral tenga su propio órgano y más en estos tiempos”, critica el director de Patrimonio y Contratación del Gobierno, Ignacio Alday Ruiz. Según su explicación, pueden pasar dos cosas: que ese nuevo organo esté creando un gasto duplicado y evitable en estos tiempos, o que para evitar gastos esa Administración no independice el órgano y comparta personal. “En cualquier caso, es evitable, y si no es independiente tampoco cumple con su cometido”, indica.

Alday lamenta que se esté perdiendo una oportunidad para “tener un criterio unificado en la materia. Iba a proporcionar más seguridad a las empresas que contratan con el sector público”. El Ayuntamiento de Bilbao, indica, lo ha entendido perfectamente y, pese a que inicialmente se mostró dispuesto a crear un órgano de ese tipo, parece que finalmente utilizará el central. Los consistorios de Vitoria y San Sebastián también lo emplean.

El órgano que el Ejecutivo creó en mayo pasado es unipersonal, su titular lo acuerdan los consejeros de Economía y Justicia y su salario anual se cifra en 67.000 euros brutos.

Las Diputaciones no han dado marcha atrás en la creación de sus organismos, mientras el Parlamento analiza desde noviembre pasado en una ponencia las duplicidades de la arquitectura institucional vasca.

La ponencia se constituyó sobre la base del informe elaborado por dos consultoras para el Ejecutivo que cifra el coste de las duplicidades en 403 millones de euros. Este grupo de análisis celebra hoy una nueva reunión en la Cámara en la que escuchará al exconsejero de Industria Jon Azua; el extitular de Justicia Juan Porrres y la expresidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Publicas Milagros García Crespo.

Álava y Gipuzkoa crearon sus respectivos tribunales mediante sendos decretos forales el mismo día de 2010: el 28 de septiembre. Bizkaia lo hizo al día siguiente.

La Diputación alavesa entiende que no se trata de una duplicidad y que en ningún caso supone un coste adicional para el contribuyente. En Álava, tres de los letrados de la institución tienen la responsabilidad de resolver los recursos que lleguen de los licitadores públicos.