¿Irregularidades o sobrecostes?

Sentada en su despacho de directora de Relaciones Sociales, Estudios y Modernización del Ararteko, en Vitoria, Inmaculada de Miguel leía pausadamente aquel martes, 7 de febrero, uno a uno los 31 folios que le habían hecho llegar a la misma hora que al otro lado de la ciudad alavesa la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, con la copia original de los documentos, le atribuía sin citar su cuota de responsabilidad en la comisión de presuntas irregularidades cifradas en 23 millones de euros. De Miguel demostraba así que años después de irse sigue disponiendo de tentáculos suficientes en el departamento de Justicia, sobre todo cuando más los necesita. “Ha mandado mucho”, admiten en el grupo donde “ponen la mano en el fuego de que no se ha llevado un duro”.

Tres semanas después de estallar este escándalo, aquellas miradas inicialmente inquisitoriales hacia De Miguel y Ana Molina Alderagai —su persona de confianza en el período inventariado, 2000 a 2009— y que volvían a poner en entredicho supuestas connivencias políticas y empresariales dentro de la órbita nacionalista, se antojan ya menos agresivas, a excepción, claro, de la parte acusadora, el departamento de Justicia que mantiene con pruebas su denuncia.

Algunos partidos han recibido un ‘pendrive’ con las investigaciones

¿A qué responde este giro? Los acusados mediáticamente han decidido dar un paso adelante tras conocer el alcance de las pruebas, a su juicio “inconsistentes”, de que dispone el Gobierno y que algunos partidos ya les han entregado. “No me puedo creer que todo lo que se ha montado es por esto que viene en este pendrive que nos han dado”, admitía un parlamentario muy reacio a hincar el diente político tras esta denuncia. Un primer estudio somero de algunos expedientes aplacó, por ejemplo, los ímpetus de ir a una comisión de investigación del único parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, que en un principio fue interpretado como un ajuste de viejas cuentas entre sectores de este partido. En el PP ocurrió lo mismo: una vez que conocieron los primeros datos ya tienen claro que no ahondarán en la investigación política.

A esta sensibilización también han contribuido con sus contactos directos Inmaculada de Miguel y el exconsejero Joseba Azkarraga, quien se considera “linchado” por los medios de comunicación aunque su nombre no aparece en ninguno de los numerosos documentos que avalan la investigación.

A medida que había desfases se hacía otro presupuesto para cubrirlo

Por todo ello es fácil de entender que las dudas también se hayan apoderado del fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, competente en este caso. Cuando se reveló el supuesto escándalo, Calparsoro no tuvo reparos en reconocer públicamente la consistencia de la denuncia, que se sostenía en una investigación liderada por dos representantes de la carrera judicial como son Txema Fínez, ya desaparecido, y María Victoria Cinto, ambos viceconsejeros de Justicia. Sin embargo, ya nada es igual siquiera para el propio Calparsoro. Su última decisión encaminada a la toma de declaraciones mediante un proceso de secreto sumarial que incluso deja abierta la puerta a la posibilidad de un archivo de la causa alienta al grupo de aludidos.

¿No se ve delito? Con el paso de los días, fuera de la consejería de Justicia, tomo cuerpo la idea de que se ha asistido a un “descontrol” en el pago de “demasiados desfases entre lo que se presupuestaba, se adjudicaba y lo que finalmente se pagaba” y que ha llegado a “importantes sobrecostes”, imposibles ahora de cuantificar hasta que no se asista a un procedimiento pericial dentro del proceso. De hecho, hay quien se atreve a explicar de manera coloquial el procedimiento seguido por De Miguel y Molina: “a medida que se iban descubriendo sobrecostes sobre lo presupuestado, se volvía a presupuestar para que siguiera el proyecto de este momento, se dotaba de más cantidad y así se iban acumulando euros y euros imprevistos”.

En Justicia, sin embargo, ven mucho más. Cinto ya se lo dijo bien claro a una sorprendida De Miguel cuando ambas conversaron “como grandes amigas”, una vez que las primeras desviaciones habían sido detectadas. Precisamente este tono tan afectuoso entre la denunciante y la acusada, que alguno ha calificado de “rosa”, tampoco ha ayudado a consolidar la sospecha.