La Agencia Catalana del Agua ultima el despido de un centenar de empleados

La Agencia Catalana del Agua (ACA) prepara un expediente de regulación de empleo que afectará a entre 75 y 115 trabajadores (entre el 12% y el 18% de sus 640 empleados). Así lo ha comunicado el director del organismo, Leonard Carcolé, al presidente del comité de empresa, Alfons Barceló (Catac). Carcolé ni confirma ni desmiente la cifra. “El tema sigue su curso”, responde por boca de un portavoz. La empresa pública arrastra una deuda de 1.250 millones, por los que solo en intereses paga unos 150.000 euros al día, según su propio director.

El ERE del ACA es un secreto a voces desde hace tiempo y la flamante reforma laboral, que facilita los despidos en empresas públicas, pondrá su tramitación en bandeja. Hasta ahora, las empresas de la Generalitat solo han presentado un ERE, el de la Agencia Catalana de Cooperación. Pero han llevado a cabo un goteo de despidos en otras empresas como el Incasòl, el Instituto Cartográfico y la Agencia de la Vivienda. Despidos, todos ellos, declarados improcedentes (o nulos en el caso del Incasòl).

No obstante, la reforma laboral aprobada por decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy cambia completamente el escenario, porque abre la puerta al despido de empleados públicos por razón de “insuficiencia presupuestaria, sobrevenida y persistente” tras tres trimestres consecutivos. Nada que no cumplan en el actual contexto buena parte de las empresas públicas.

Los 640 empleados del ACA son laborales y están repartidos por toda Cataluña

El comité de la Agencia Catalana del Agua está pendiente de dos fechas clave: el próximo martes día 28 la consultora Deloite debe entregar un informe de racionalización de costes y, dos días después, el jueves 1 de marzo, el organismo celebra consejo de administración. Tan inminente ven la presentación del ERE que el comité de empresa se reunió ayer para comenzar a preparar la estrategia que seguir cuando la dirección les comunique la noticia. Por ahora, sin embargo, solo han conseguido aclarar el porcentaje de plantilla afectada. Ante la falta de más información, han presentado una denuncia a Inspección de Trabajo, explica Barceló.

Como consecuencia de su delicada situación financiera, la dirección del ACA quiere reducir al máximo sus gastos y restringir su actividad exclusivamente a las competencias que tiene fijadas por ley.

Tras pasar el rastrillo el año pasado, la empresa pública logró un ahorro de 70 millones, explicó la dirección a los sindicatos. “Nosotros defendemos que el ERE no tiene lugar, porque muchas tareas que en los años de bonanza se han externalizado las hemos vuelto a asumir”, explica el presidente del comité.

Los 640 empleados del ACA tienen contrato laboral y son desde personal de administración hasta ingenieros, químicos, biólogos o abogados. La plantilla, además, está muy repartida territorialmente: hay dos sedes en Barcelona, las de Girona, Lleida, Tarragona y Tortosa, y personal en los embalses de Boadella (Alt Empordà), Siurana (Priorat), Sau (Osona) y La Baells (Berguedà).

Despedir en el sector público “es el precio que el Gobierno del PP ha pagado por el apoyo de CiU a los presupuestos”

Los abogados que han ganado algunas de las sentencias que declaran improcedentes o nulos los despidos del año pasado en otras empresas de la Generalitat admiten que la reforma laboral cambia por completo el escenario. “Estamos asustados”, dicen. Jaume García, que defendió a varios empleados de Forestal Catalana, considera que la reforma laboral “abre una puerta demasiado fácil para que las Administraciones tengan carta blanca para despedir”. Llegado el día —y dando por sentado que llegará— asegura que cuestionarán el término “sobrevenida” del que habla la reforma. “Sobrevenida significa que no está prevista y que llega de fuera”, explica. ¿Lo sería la rebaja del presupuesto a causa de una caída del PIB, como ocurrió la semana pasada? “No, porque no llega de fuera”, asegura.

Vicente Cantos, uno de los letrados que ganó el caso de los despidos nulos del Incasòl, sostiene que la posibilidad de despedir en el sector público “es el precio que el Gobierno del PP ha pagado por el apoyo de CiU a los presupuestos”. “Está al final del decreto, en una disposición adicional; es un añadido introducido a petición de la Generalitat”, sostiene. Antes del verano, el Gobierno catalán admitió que sus empresas públicas, que suman 16.000 empleados, presentarán ERE para un total de 1.475 personas.