La Guardia Civil estrecha el cerco sobre Viera en el caso de los ERE

La Guardia Civil ha subrayado en un informe la responsabilidad y el “papel esencial” que desempeñó el diputado socialista y exconsejero de Empleo José Antonio Viera (2000-2004) para que la Sierra Norte sevillana acaparara 30 de los 60 millones que la Junta concedió de manera directa para empresas de toda Andalucía en la última década. El Instituto Armado ultima estos días un extenso informe sobre estas ayudas a empresas que será finalizado “próximamente”. La relevancia que los investigadores del caso de los ERE otorgan a Viera apunta a la próxima imputación judicial del diputado, y hasta hace dos semanas líder del PSOE sevillano, a solo un mes de las elecciones autonómicas.

De este modo, el caso se sitúa al borde de otro salto de cualitativo más, al señalar a un dirigente que el PSOE ha defendido con firmeza. Tras su enfrentamiento con la dirección regional del PSOE y su posterior dimisión, muchos han sido los dirigentes socialistas que han puesto el acento en la “difícil agenda judicial” de Viera. También son muchos los que dan por sentado que la instructora tomará una decisión sobre el diputado por Sevilla antes de las elecciones del 25 de marzo, que se celebran en 32 días.

Guerrero achaca a Viera que la Sierra Norte sevillana acaparara 30 de los 60 millones concedidos en ayudas directas a empresas

En su última declaración policial, el pasado martes, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero achacó este “desequilibrio” territorial en la concesión de ayudas a una “relación de simpatía” de los empresarios sevillanos con Viera. Sobre su responsabilidad, los investigadores subrayan las acusaciones vertidas por Guerrero: “No solo tenía conocimiento de todas las ayudas a empresas que se concedían a las mercantiles de la Sierra Norte, sino que especialmente en relación a las ayudas vinculadas a Matadero de la Sierra Morena [grupo empresarial que percibió más de 13 millones en ayudas directas], fue Viera el que promovió las ayudas y el que le indicaba e insistía en que tenían que salir adelante”. Y los investigadores añaden: “Viera le dijo [a Guerrero] que había que ayudar a Matadero de Sierra Morena y a todas aquellas empresas que colgaban de la misma”.

La ecuación es simple: la Sierra Norte sevillana recibió 30 millones en ayudas directas a empresas con una población de solo 30.000 habitantes. El resto de la comunidad andaluza (que tiene ocho millones de habitantes) percibió los otros 30 millones de ayudas directas a empresas. Guerrero culpó a Viera de favorecer un territorio tan reducido con esta ingente cantidad de ayudas millonarias: “Tenía un especial interés en otorgarlas a empresas de la Sierra Norte (…) Es Viera el que dice que tienen que salir adelante [las ayudas] (...) Su pareja era ATS de la zona”. El exconsejero rechazó ayer dar a este diario su versión al respecto.

Guerrero llegó incluso a achacar al exconsejero que impusiera un silencio a los reparos alegados por el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas sobre las millonarias ayudas concedidas al grupo Matadero de Sierra Morena, dirigido por los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago. “Viera mandó callar a Antonio Rivas y nos dijo que eso era así”. La conversación se produjo en presencia del histórico parlamentario José Caballos, según Guerrero, quien reconoció haber recibido un préstamo de 83.000 euros por parte de Sayago.

Por otra parte, la juez Mercedes Alaya dictó ayer un nuevo auto con la imputación del exviceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010 Agustín Barberá. Tras esta acusación, la anterior cúpula de la Consejería de Empleo se encuentra imputada al completo tras resultar acusado el exconsejero Antonio Fernández y Guerrero. Alaya acusa a Barberá de conocer la “falta de legalidad” de los procedimientos seguidos para conceder las ayudas sociolaborales y de ayudas directas a empresas, así como dar “el visto bueno” a los pagos ordenados por Guerrero para dichas ayudas.

Además, la juez le acusa de conocer la “ilícita concesión” de ayudas individuales a intrusos (prejubilados ajenos a las empresas beneficiadas). “Personas del entorno personal y familiar de determinados cargos de la Junta”, en palabras de Alaya.

La imputación de Barberá apunta a que la juez pretende acusar también a los responsables políticos que conocían el procedimiento de ayudas que estima ilegal.