Libros frente a una policía en retirada

Miles de estudiantes se manifestaron el martes por la tarde por las calles de Valencia en protesta por la actuación policial. Muchos de ellos esgrimían libros, otros apuntes, algunos simplemente folios en blanco. Eran sus armas. Las del “enemigo” si hay que hacer caso al jefe superior de policía de la Comunidad Valenciana. Antonio Moreno debía saber de lo que hablaba, no en vano trabajó desde finales de 1975 hasta 1977 en el grupo de estudiantes de la Brigada Político-Social a las órdenes del inspector jefe Benjamín Solsona. Su afirmación no debió ser un lapsus.

La protesta había comenzado dos horas desde el instituto Lluís Vives al que habían acudido centenares de estudiantes desde la Facultad de Geografía e Historia, en el campus de Blasco Ibáñez. A diferencia de jornadas anteriores la presencia policial era prácticamente inexistente, apenas policía local para controlar el tráfico. Solo unos furgones aparcados ante la fachada del Ayuntamiento recordaban el despliegue de días anteriores. Sin policía no hubo incidentes. Pero el resultado de las jornadas pasadas ha dejado un saldo de 43 estudiantes detenidos, 12 de ellos con cargos.

Antes de desplazarse hasta la Delegación del Gobierno, alumnos, profesores y padres se concentraron en el Lluís Vives donde se leyó un comunicado en el que denunciaron que todos ellos habían sido tratados por la policía como unos “terroristas” y se ratificaron en su protesta unitaria contra los recortes en la educación pública. Los concentrados denunciaron “la violencia ilógica y desproporcionada” de las fuerzas del orden y reclamaron la dimisión de Antonio Morena al que consideraron responsable de “criminalizar” a los estudiantes por el simple hecho de “defender sus derechos”.

La multitudinaria concentración se desplazó hasta la sede de la Delegación del Gobierno donde Albert Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes, se reunió con Paula Sánchez de León. Hora y media después Ordóñez se lamentaba de que no se fuera a producir ningún tipo de “depuración política” por los incidentes de los últimos días, asegurando que las Fuerzas de Seguridad del Estado son “intocables para el poder político. En este país, aseguró, no existe justicia y la delegada nos ha dicho que para evitar las cargas y los incidentes lo que tenemos que hacer es comunicar las protestas y manifestaciones”.

Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno

Sánchez de León, había explicado por la mañana al secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, que había ordenado la apertura de un expediente informativo para determinar si hubo “exceso policial o extralimitación”, afirmando que si se demostrara “se depurarán responsabilidades”. “El hecho de que un grupo de radicales o determinadas personas se hayan aprovechado de una situación no justifica comportamientos individuales”. Sánchez de León dejó claro que no pensaba dimitir y que no tenía la intención de eliminar los cargos a los estudiantes imputados.

Los manifestantes se trasladaron más tarde hasta la sede del PP en la calle Quart donde volvieron a reclamar la dimisión de Sánchez de León y corearon lemas como “Menos policía y más educación”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “De tanta gaviota, hasta las pelotas”. La sede del PP se encontraba vallada por la policía como medida de precaución.

Manifestaciones de solidaridad con los estudiantes de Valencia se celebraron en Alicante. Más de 2.000 personas partieron desde el instituto Jorge Juan y recorrieron diversas calles de la ciudad sin que se produjera ninguna intervención policial, pese a que carecían de permiso. Universitarios de Elche, estudiantes de Benidorm también mostraron su solidaridad. En Madrid fueron más de 3.000 los que se concentraron en la Puerta del Sol. Y rector y el equipo de Gobierno de la Universidad Jaume I de Castellón calificaron de “desmedida” la actuación policial.

Las armas del enemigo

Eso era todo: un libro, un folio, unos apuntes y las manos abiertas y alzadas eran el arsenal de armas que exhibieron los miles de ciudadanos, muchos sin hijos ya en edad de estudiar, que acudieron a la manifestación de Valencia para solidarizarse y “proteger” a los estudiantes de las desproporcionadas cargas policiales del lunes. Entre los miles de concentrados, no hubo “terroristas”, ni “pasamontañas”. Ni detenidos. Porque tampoco hubo policía. Una “indignación” generalizada por la “criminalización” de los estudiantes valencianos por parte de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana se expandió con fuerza desde todas las esquinas del céntrico instituto público Lluís Vives, epicentro de las protestas. Una concentración que acabó en una marcha por todo el centro de Valencia en la que se pidió la libertad sin cargos de todos los detenidos desde le miércoles pasado: 43 estudiantes, ya liberados, aunque 12 de ellos con cargos.

Siddharta, El Lazarillo de Tormes o Caminante y su sombra, de Nietzsche. Cualquier libro, cualquier lectura, cualquier palabra frente a los “golpes”, afirmaban Elisa Vidal, Lucky Martínez, y Vicente Espí, los dos últimos músicos del barrio de Russafa, que cruzaron la ciudad con títulos escogidos para la ocasión. “No se puede aguantar que apaleen a niños”.

"No se puede aguantar que apaleen a niños"

“Apoyamos a los alumnos y pedimos la dimisión de la delegada del Gobierno”, remató Espí. La petición de dimisión fue un clamor repetido durante la marcha, que anoche derivó hacia la Gran Vía, colapsada frente a la Jefatura de Policía, para el pedir la destitución del jefe superior, Antonio Moreno.

Al inicio de la concentración, la asamblea de profesores, padres y alumnos del IES Lluís Vives leyó un comunicado en el que denunciaban que se les ha tratado a todos por igual como “terroristas”. Ratificaban la “unidad” de los tres estamentos educativos “contra los recortes”. Insistían en que, desde que el miércoles la policía esposara y detuviera a un alumno menor del centro, “la violencia ha sido ilógica y desproporcionada”, tanto contra los adolescentes como contra los trabajadores y enseñantes del centro. Por eso pedían la dimisión de la delegada del Gobierno y del jefe de la policía, a quien consideran responsable directo de “criminalizar” a los manifestantes por “defender sus derechos”. Moreno acuñó el lunes el término “enemigo” para referirse a los estudiantes, por sus tácticas supuestamente beligerantes. En un folio escrito con rotulador, Clara García, estudiante de Bachillerato en un instituto valenciano le recordó a Moreno que protestan solo “por una educación pública y de calidad”.

"Desde el jueves, la violencia ha sido ilógica y desproporcionada"

No quieren un sistema educativo que cerró el ejercicio de 2011 en números rojos, que amaneció el 5 de enero de 2012 con un decreto de recortes salariales para todos los funcionarios de la Generalitat y ha padecido cortes de luz y de calefacción por no poder pagar las facturas. “Estamos aquí para proteger a los estudiantes, si hace falta”, decía Pau Martínez, joven cineasta que acudió puntual desde las tres la tarde: “Me parece escandaloso lo que pasó el lunes”.

Las críticas al Consell incluyeron al presidente Alberto Fabra. Pablo La Parra, estudiante del instituto público María Enríquez de Gandia, que acababa de recibir de manos del presidente el “reconocimiento académico de la Generalitat al mejor expediente”, le lanzó un duro dardo. Acompañado de sus padres, ambos catedráticos, que compartieron su indignación, preguntó: “¿Cómo puede el presidente justificar que golpeen a estudiantes y después defender su política educativa en la entrega de los reconocimientos?”. El joven consideró que “Fabra había instrumentalizado el acto para presumir de su política educativa, que ha creado una crisis sin precedentes en la Comunidad Valenciana”. “Alex, con 12 años, ya sabe qué es la injusticia. Nunca antes habían cargado contra los niños”, aseguraba con impotencia Josevi Plaza, padre de este alumno del Lluís Vives.