El decreto de “excesos policiales” abre una vía a indemnizar a terroristas

“Poner pie en pared al olvido y la amnesia” respecto de los derechos de varias decenas de víctimas de excesos policiales o parapoliciales o de los últimos latigazos de la legalidad franquista y las deficiencias de la Transición, es, en expresión de la consejera de Justicia, Idoia Mendia, el objetivo del primer decreto destinado a ellas. Se trata, en su inmensa mayoría, de personas sin relación alguna con el terrorismo. En buena parte, los excesos policiales se produjeron en controles, manifestaciones reprimidas de manera desproporcionada o en acciones descontroladas de agentes de la ley o personas que contaban con su amparo.

El texto legal, que abarca de 1968 a 1978 —aunque podría retroceder hasta 1960, como hizo la Ley de Víctimas para incluir el asesinato de la niña Begoña Urroz—, excluye con rotundidad a los terroristas muertos o heridos en el ejercicio de su actividad violenta, pero sí abarcará a otros que, pese a su condición de miembros de ETA, padecieron situaciones de injusticia.

Excluye a muertos o heridos en enfrentamientos o al preparar atentados

Por ejemplo, se podrán acoger a él los familiares de los dos últimos etarras condenados a muerte por el franquismo, Juan Paredes Manot, Txiki (ETAp-m) y José Ángel Otaegui (ETAm), fusilados el 27 de septiembre de 1975, apenas siete semanas antes de la muerte de Franco, junto a tres miembros del FRAP. De no haber sido ejecutados, Paredes y Otaegui habrían sido amnistiados, como el resto de etarras encarcelados en la época.

El artículo 6 del decreto presentado ayer marca el alcance de la definición de “sufrimiento injusto”: “Podrán ser considerados sufrimientos injustos, susceptibles de ser reparados, aquellos que resulten acreditados, aunque en su momento las conductas de las víctimas fueran objeto de enjuiciamiento, si este vulnera el derecho a la vida reconocido en la Constitución”. La pena de muerte franquista entraría de lleno en este apartado, fueran cuales fueran los delitos por los que se aplicó a ambos miembros de la organización terrorista.

El texto abarca de

Otro apartado otorga el mismo merecimiento a quienes en su día pudieron ver sus reclamaciones rechazadas por sentencias absolutorias a los agresores o el sobreseimiento de los casos por tribunales franquistas preconstitucionales.

El decreto, elaborado por la exjuez Manuela Carmena, quien acompañó a Mendia en la presentación, así como la directora de Derechos Humanos, Inés Ibáñez de Maeztu, incluye un baremo de indemnizaciones de entre 35.000 y 390.000 euros.

El decreto es “corto y sencillo” (23 artículos) y tiene pretensión de ser “un instrumento útil”, según Carmena.

La consejera de Justicia dijo expresamente que quería “tranquilizar a las víctimas del terrorismo” y aseguró que el decreto es incompatible con “la teoría del conflicto” de dos violencias iguales y enfrentadas que defienden ETA y la izquierda abertzale. Se trata, eso sí, de “descorrer la cortina de silencio” respecto de estas víctimas.

El Gobierno trabaja ya en un segundo decreto, que abarcará las conculcaciones de derechos humanos desde la aprobación de la Constitución, y que ofrecerá bastantes más dificultades que el presentado ayer. Lo prioritario ahora es “asentar este”, dijo Mendia. La tarea de hablar con todas las víctimas para después evaluar y dictaminar si se ajustan a lo establecido en el decreto será “ingente”, predijo.

El texto se halla en fase de alegaciones y la consejera aseguró que antes de su presentación pública de ayer ha sido explicado en detalle al PP como socio del Gobierno. No se extendió en consideraciones sobre la posición de este partido, que no participa en la ponencia parlamentaria sobre estas víctimas y se limitó a recordar que el PP sí avaló en su día la resolución del Parlamento que mandató al Gobierno para elaborar estos decretos.