La Generalitat ultima la venta de Aigües Ter-Llobregat para hacer caja

Dispuesto a sacar dinero de donde sea, el Gobierno catalán ultima estos días el proceso de privatización de una de sus joyas de la corona: Aigües Ter-Llobregat (ATLL), la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona. El Ejecutivo de Artur Mas espera obtener hasta 600 millones por la venta de este activo y ahora solo queda por decidir la fecha en que se dará inicio al proyecto. Fuentes del sector y de Convergència i Unió lo consideran “inminente”, cuestión de días o semanas.

El problema para esta venta es que en estos momentos solo hay una compañía interesada o capaz de comprar la empresa: Agbar, del grupo francés Suez. La Generalitat ha estado buscando hasta el último momento una segunda empresa para generar una pugna y conseguir mayores ingresos. Fuentes del sector, sin embargo, alertan de que la venta puede comportar un aumento de la tarifa de hasta el 50% para el consumidor.

La venta o la concesión por unos 50 años de Aigües Ter-Llobregat viene barajándose desde al año pasado, igual que la de Tabasa, gestora de los túneles de Vallvidrera y de la autopista de Terrassa. El Gobierno ha retrasado en varias ocasiones la venta de este activo en un intento de encontrar un comprador que pague más. El momento de la privatización, sin embargo, ya no puede demorarse mucho debido a las estrecheces económicas de la Generalitat, admiten fuentes del Gobierno de Convergència i Unió. Con todo, la última palabra la tendrá el Departamento de Economía, dirigido por Andreu Mas-Colell, que lleva la operación con la máxima discreción.

En el pasado, otras empresas, además de Agbar, se interesaron por Aigües Ter-Llobregat. Una de ellas, según fuentes del sector, fue la también francesa Veolia, que sin embargo acabó desistiendo. También hubo movimientos por parte de la constructora catalana Comsa-Emte, que tampoco fructificaron. El problema, si hay un solo candidato a la compra, es que será más difícil conseguir los 600 millones que se había propuesto la Generalitat por la empresa de aguas.

La Administración

El Gobierno también está estudiando las consecuencias de la privatización de Aigües Ter-Llobregat, especialmente en lo que al coste del agua se refiere. En cualquier caso, el nuevo gestor tendrá que repercutir de una forma u otra, total o parcialmente, lo que acabe pagando. Y si son 600 millones, se calcula que la factura de los consumidores particulares podría subir hasta un 50%, según fuentes del sector. En el caso de los Ayuntamientos, podría incrementarse hasta un 200%. Esto se sumaría a la guerra del agua que ya está en marcha por el último aumento del canon, que el Parlament aprobará en breve dentro de la Ley de Medidas Fiscales y Financieras.

Aigües Ter-Llobregat es la empresa responsable de la captación y potabilización del agua que se suministra a Barcelona y su área metropolitana; es decir, a un centenar de municipios y cinco millones de habitantes. Su labor consiste en transportar el agua hasta los depósitos municipales, desde donde los Ayuntamientos o la compañía de distribución la llevan hasta el usuario particular. ATLL cuenta con 700 kilómetros de tuberías, además de las plantas potabilizadoras de Cardedeu y de Abrera, y de la desalinizadora de El Prat. Recientemente el Gobierno catalán aprobó que la Agencia Catalana del Aigua transfiriera a la ATLL otra infraestructura: la desalinizadora del Tordera. Con ello se espera hacer más atractiva la empresa para el comprador.