El Parlamento abre la vía a reformas legales para esclarecer los casos

De familias sin grandes apoyos y con muchas dificultades para ser oídas, afectados por los supuestos casos de bebés robados recibidos en el Parlamento vasco por el lehendakari, Patxi López, y que se convierten en la causa y el objeto de estudio de una comisión parlamentaria. Entre una situación y otra han pasado pocos meses, pero avances como las tres exhumaciones realizadas en Bizkaia y Gipuzkoa han revestido de veracidad las demandas de las familias.

Euskadi es, en este sentido, la comunidad que encabeza las actuaciones a nivel institucional en torno al esclarecimiento de supuestos casos de bebés robados en toda España: cuenta con una comisión interdepartamental en el Gobierno y una ventanilla única para atender a los afectados, así como un fuerte compromiso judicial. Ayer dio un paso más en ese mismo sentido.

El acuerdo excluye “medidas de reparación” para los afectados

El Parlamento se convirtió durante su pleno ordinario de ayer en el primer Legislativo de España en aprobar la creación de una comisión de estudio sobre los casos de bebés robados —Gipuzkoa tendrá la suya propia—. Lo hizo por unanimidad, al sacar adelante una enmienda transaccional acordada por cuatro grupos a iniciativa de EA.

La comisión deberá ser creada en los próximos 15 días y abarcará los supuestos casos registrados de 1940 a 1990. Aralar criticó que no se remonte hasta 1938, año en que la cárcel vizcaína de Saturrarán empezó a recibir a mujeres y a sus hijos, a los que algunas presas no volverían a ver.

La comisión deberá estar creada en el curso de los próximos 15 días

La propia iniciativa parlamentaria, planteada al hilo de una recomendación del Ararteko, es un claro exponente del cambio que ha operado Euskadi en torno a los supuestos casos, que el lehendakari ya ha calificado como “trama”. EA presentó la iniciativa en septiembre para crear una comisión y PNV, PSE y PP plantearon enmiendas para tumbar la propuesta. Pero, el pasado viernes, el PP presentaba otra similar y anunciaba que contaba con el apoyo de los dos principales grupos en la Cámara y de Ezker Anitza. La socialista Miren Gallastegui reconoció que los casos de bebés robados parecían “en un primer momento algo más etéreo” y añadía que esta situación ha cambiado, tomando un “cariz concreto y lamentable”. Todo por el “enorme calado” que ha adquirido, según la popular Marimar Blanco, con más de 200 denuncias remitidas a la fiscalía.

El más crítico fue Mikel Arana, de Ezker Anitza, que censuró la tardanza de la decisión. Gorka Maneiro, de UPyD, apuntó a que su partido apostaba por una comisión de investigación que indague sobre las “responsabilidades políticas”.

La resolución establece que se deberá crear un plan de trabajo en el que se recojan comparecencias de afectados, funcionarios, autoridades o especialistas.

Su objetivo será, además, el de realizar un estudio de la normativa de adopciones para “proponer todas aquellas reformas y modificaciones legislativas” para esclarecer los hechos ocurridos en el pasado y para “evitar cualquier resquicio legal que pudiera dar cauce a la comisión futura de estos hechos”. La peneuvista Ane Urkiola subrayó la pertinencia de esta reflexión.

Tras la reunión con las familias y las asociaciones, la consejera de Justicia, Idoia Mendia, explicó a los medios que con la comisión de estudio se “complementa” la labor judicial porque “la investigación compete a los poderes judiciales”. El titular de Interior, Rodolfo Ares, consideró en Bruselas, donde se reunió con la comisaria de Interior, Cecilia Malmström, como “muy positivo” el avance del Parlamento de cara a esta realidad.

En la negociación parlamentaria para alcanzar la resolución, se ha quedado por el camino una parte de la propuesta de EA, la de “proponer medidas de reparación para los afectados” que hayan sido reconocidos como tales a través de resoluciones judiciales. “Será el siguiente paso”, reflexionó la representante de SOS Bebés Robados, Flor Díaz.

La reunión con el lehendakari fue vista por la familia Losa Ocáriz —una exhumación demostró que no había rastro de su hermana— como un respaldo importante. La familia valoró que Euskadi sea un ejemplo para el resto de España, pero aseguraron que permanecerán vigilantes para que las instituciones cumplan con sus compromisos. “Hasta ahora los afectados se han sentido muy solos”, añadió Díaz.

En la cita, López explicó que el PSE de Bilbao ha presentado una iniciativa para que el Ayuntamiento facilite un local para atender a los afectados. En Gipuzkoa, la Diputación y el Ayuntamiento de Irún ya dialogan en este sentido y, según explicó Mendia, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, intercederá ante el consistorio vitoriano.

Mendia insistió en que las Diputaciones y los Ayuntamientos también deben arrimar el hombro y los afectados pidieron que “no se proteja a las instituciones porque las víctimas somos las familias”.