Un imputado en el 'caso Brugal' llamó a una testigo antes de declarar

Una testigo de la pieza del caso Brugal que investiga una supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha admitido esta mañana ante el juez que antes de ir a declarar recibió dos llamadas de personas vinculadas a la causa, uno de ellos un imputado. No obstante, la testigo ha asegurado al magistrado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, que en ningún caso recibió amenazas o coacciones. La testigo es una abogada, extrabajadora de la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad del exedil socialista Javier Gutiérrrez, que más tarde se asoció con José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, en el despacho Salvetti Abogados. Gutiérrez y José Luis Castedo están imputados en sumario por supuestamente tramitar alegaciones al plan general que luego eran estimadas sobre la base de la información privilegiada que recibían.

La testigo, a propuesta de la acusación popular que ejerce el PSPV , trabajó para la firma de Gutiérrez entre 2006 y febrero de 2008. El despacho Salvetti Abogados se constituyó en noviembre de 2008. Hasta esa fecha y desde 2004, José Luis Castedo había trabajado en los servicios territoriales de la Consejería de Urbanismo. Según fuentes de caso las personas que hablaron con la testigo antes de ir a declarar esta mañana ante magistrado fueron el propio Javier Gutiérrez y un concejal socialista. Según esas fuentes, la llamada de Gutiérrez fue para comunicarles "que había sido citada a declarar como testigo".

La testigo ha comparecido a propuesta de la acusación popular del PSPV   

En su declaración, la abogada ha señalado que durante el tiempo en el que trabajó en la firma G&M Gestión del suelo "nunca vio" pasar por las oficinas al hermano de Castedo ni a la alcaldesa, ni a su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, ni al promotor Enrique Ortiz. También ha rechazado que esa empresa realizara ningún trabajo relacionado con el PGOU de Alicante. La investigación, en cambio, sostiene que esa primera firma de Gutiérrez y el despacho Salvetti Abogados fue el puente del que se valió la trama, liderada por el exregidor Alperi, para elaborar el planeamiento en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. 

El PSPV había propuesto también como testigo a otra empleada de la firma de Gutiérrez, en concreto la recepcionista. No obstante, el letrado de esa parte ha renunciado a su testimonio tras la declaración de la primera testigo.

Quien sí ha declarado también está mañana, igualmente en calidad de testigo, ha sido Luis Miguel Sirvent, un colaborador de Ortiz en temas urbanístico. El testigo ha admitido las conversaciones recogidas en las escuchas del sumario, pero ha puntualizado que hablaban sobre cuestiones del PGOU que ya estaban en fase de exposición al público.