Varios funcionarios corroboraron a los auditores las sospechas de la consejería
La fiscalía o, en su caso, el juez recabarán previsiblemente su testimonio
Al menos tres funcionarios que trabajaron en Justicia entre 2000 y 2009, período en el que el actual Gobierno ha descubierto supuestas irregularidades en la contratación de servicios para informatizar la Administración judicial, pueden ser llamados a prestar su testimonio. Su colaboración puede resultar bastante decisiva, por su conocimiento durante largo tiempo del área cuestionada y, también, del desarrollo de los hechos o parte de ellos.
El fiscal alavés ya tiene los nombres de al menos tres funcionarios
Su colaboración le resultó valiosa al entonces viceconsejero Juan Manuel Fínez, fallecido en octubre de 2010, durante la indagación inicial que abrió, una vez que los informes técnicos pusieron de manifiesto “significativas irregularidades”. Fue a partir de esas evidencias cuando Justicia decidió emprender una investigación más exhaustiva. En su curso se examinaron de forma minuciosa los expedientes que las empresas Ibermática e Indra habían reconocido ya que se hallaban sin ejecutar y se encargó una segunda auditoría externa.
Información delicada
La rapidez de actuaciones en este tipo de investigación reviste una importancia notable, según medios conocedores de la marcha de asuntos similares. El motivo principal es que el juez que en su caso se haga cargo deberá recabar seguramente documentación delicada, con más garantías de no sufrir alteraciones interesadas cuanto antes sea requerida y esté en su poder y bajo custodia judicial.
23 millones de euros abonados por el erario público con su legalidad puesta ahora en cuestión, parecen motivo suficiente para que que la investigación sea ágil. Se está poniendo en duda más de un tercio del dinero que los tres Gobiernos de Juan José Ibarretxe destinaron a un menester por el que recibió todo tipo de parabienes en la época: la informatización judicial.
Si ahora resulta que, como ha revelado el Gobierno y parece compartir ya el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, los pagos se hicieron “sin la contraprestación correspondiente”, en palabras de este último, parece que se impone la intervención judicial. En realidad, el Ejecutivo ha proporcionado en esta ocasión casi toda la documentación precisa, salvo la que deberían aportar, en su caso, las empresas adjudicatarias de los contratos.
El resto, desde las memorias que dieron origen a las contrataciones hasta la certificación por la jefe del servicio correspondiente de que los trabajos estaban correctamente entregados y la conformidad de los responsables del departamento con cada una de las facturas, así como los justificantes de su abono, están ya en manos de la fiscalía.
En ese contexto, Fínez mantuvo entrevistas con varios funcionarios y todas esas actuaciones le permitieron, según el informe ahora redactado por su sucesora, María Victoria Cinto, corroborar indiciariamente, aunque de modo fundado, aquellas sospechas iniciales. En el caso de estos funcionarios, se trata de personas que han prestado sus servicios en el área de informática judicial, a cuyo frente estaba en el periodo ahora investigado Ana Molina, quien dependía orgánicamente de la Dirección de Relaciones con la Administración de Justicia, a cargo de Inmaculada de Miguel.
En la actuación de ambas se centra la investigación interna del Gobierno, sin que hasta el momento ningún elemento conduzca a deducir responsabilidades en niveles más altos y políticos del depatamento, en manos de EA en esos años. Ninguna de las dos auditorías, la interna y la externa, apuntan hacia los sucesivos viceconsejeros, Esther Larrañaga y Josu Sagasti, y menos a los titulares de la cartera, Sabin Intxaurraga, ya fallecido, y Joseba Azkarraga.
Los nombres de por lo menos esos tres empleados públicos obran ya en conocimiento del fiscal jefe alavés, Josu Izaguirre, a quien le han sido facilitados por el Gobierno, según ha podido saber EL PAÍS.
Izaguirre, a quien el fiscal superior vasco, Juan Calparsoro, ha traslado todas las diligencias, podría optar por abrir él mismo una investigación de los hechos antes de decidir si hay causa o no como para elevar el caso a un Juzgado de Instrucción. Sin embargo, y tras el pronunciamiento de Calparsoro, a quien el Ejecutivo envió primero el expediente, parece más lógico que se desprenda de él con cierta rapidez para que entre en reparto y lo asuma el juez que corresponda.
Calparsoro dijo el martes que el informe del Ejecutivo es “muy completo y detallado”. La anterior condición de magistrada de la actual viceconsejera se deja notar en su redacción, a juicio de especialistas que lo han leído. “Es bastante elaborado”, indicó el fiscal superior. “Hay que hacer una investigación”, añadió, dentro de la que “habrá que esperar a conocer las explicaciones de los responsables” de haber autorizar los pagos”, y también “la versión de las empresas”.
