Gobierno y Junta negociarán las oposiciones andaluzas para profesores

Tras las dudas sobre la legalidad de las oposiciones docentes sembradas ayer por el propio ministro de Educación, José Ignacio Wert, llega la calma. Y la negociación. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (encargado de velar por que las comunidades cumplan con las restricciones presupuestarias) ha emplazado a la Junta de Andalucía a una reunión para abordar este asunto. El departamento de Cristóbal Montoro ha remitido a los servicios jurídicos del Gobierno andaluz una carta en la que pide celebrar un encuentro para clarificar las dudas legales sobre este asunto. Este ministerio sería el encargado de recurrir las oposiciones si estimase que Andalucía se salta las restricciones fijadas en el real decreto ley 20/2011, que el Gobierno aprobó el 30 de diciembre pasado. Los sindicatos han reclamado al PP que aclare de una vez qué va a hacer para terminar con la incertidumbre en la que viven miles de aspirantes, que llevan meses preparándose las pruebas de junio.

La Consejería de Educación ya ha traslado al ministerio su disposición a reunirse. “Se ha abierto un cauce de diálogo”, ha dicho este miércoles el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz.

Por su parte, la Consejería de Educación ha celebrado la oportunidad que les “brinda el Gobierno central para explicar las razones y los fundamentos jurídicos de la oferta de empleo público docente de Andalucía”. “Esperamos encontrar la misma receptividad y que concluya en los mismos términos que el año pasado”, ha indicado el departamento de Francisco Álvarez de la Chica. El curso pasado también hubo problemas con las oposiciones. El Gobierno central, entonces en manos de los socialistas, estuvo a punto de recurrir la oferta de empleo público andaluza al entender que se saltaba las limitaciones presupuestarias. Finalmente, se llegó a un acuerdo con la entonces ministra Elena Salgado y no se impugnaron. Para calcular las plazas de este año (2.389 de profesores de secundaria, FP, escuelas de idiomas, música y artes escénicas y de artes plásticas y diseño), la consejería andaluza ha aplicado la misma fórmula consensuada con Salgado el año pasado.

La disputa podría llegar por las plazas que se convocan bajo la aplicación de la tasa de reposición. Cuando la Junta aprobó su oferta de empleo público el 27 de diciembre esa tasa estaba en el 30%. Pero, tres días después, el Gobierno central aprobó el mencionado real decreto ley 20/2011, que rebaja esa tasa un 10%, con lo que solo se podrían cubrir una de cada diez vacantes. La Junta sostiene que su oferta es legal porque se aprobó antes del real decreto ley.

La consejería estima que la discrepancia por la tasa de reposición, si finalmente el Gobierno central no aceptara la argumentación temporal de la Junta, supondría recortar como máximo 300 plazas a las 2.389 que Educación tenía previsto sacar a concurso. Porque el grueso de la convocatoria se corresponde, como el año pasado, a la consolidación de empleo interino prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Consejería de Educación ha mostrado hoy su satisfacción por la reunión prevista con el ministerio. "Pero hubiéramos deseado que se produjera antes”, ha apuntado el departamento de Francisco Álvarez de la Chica. “Ha pasado más de un mes desde la publicación en el Boja del decreto”. Con todo, la consejería celebra que pueda explicar al ministerio de Montoro “los fundamentos de las necesidades que tiene Andalucía para convocar esta oferta pública de empleo y los fundamentos jurídicos que la avalan”.