El pacto de los presupuestos catalanes fideliza a Mas como socio de Rajoy

El Partido Popular y Convergència i Unió demostraron ayer que la maquinaria de los acuerdos entre ambas formaciones está bien engrasada y que los apoyos de los nacionalistas a las reformas y ajustes del Gobierno de Mariano Rajoy tienen traducción inmediata en Cataluña. El PP catalán dio el visto bueno a los Presupuestos más impopulares del Gobierno de Convergència i Unió tras una dura negociación en la que los nacionalistas han tenido que asumir su debilidad en el Parlamento catalán, ceder en múltiples incrementos de tasas y, sobre todo, darle al PP un protagonismo que no había tenido ni en los años en que Jordi Pujol dependía totalmente de José María Aznar. El pacto tiene derivadas en política nacional, autonómica e incluso a nivel local en el Ayuntamiento de Barcelona.

El PP no le ha dado la vuelta a los presupuestos de Artur Mas como si de un calcetín se tratara, pero ha forzado reducciones notables en la tasa turística que comenzará a aplicarse en Cataluña, a la nueva tasa por receta farmacéutica y al aumento del canon del agua. Estos tres impuestos eran los que permitían a CiU esgrimir ante su electorado el argumento de que estos Presupuestos no solo implicaban recortes sociales, sino también nuevos ingresos para la Generalitat. Ni CiU ni PP quisieron ayer cifrar el impacto económico de las enmiendas incorporadas por el PP. De hecho, CiU ni siquiera explicó el contenido del acuerdo: como ya ocurrió el año pasado, fue la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y no el propio Gobierno quien explicó el alcance y consecuencias del pacto.

Sánchez Camacho, eufórica en el papel de socio imprescindible, alertó a Convergència i Unió de que el gesto de ayer —que hoy se visualizará en la votación parlamentaria— es solo el principio. “Es un compromiso político de presente y de futuro”, dijo. “A quien le moleste que el PP sea determinante en Cataluña, que se vaya acostumbrando”.

Pero el pacto de ayer promete tener consecuencias mucho más allá de Cataluña. De hecho, el pacto en sí mismo es una consecuencia del apoyo que Artur Mas anunció hace dos semanas en La Moncloa a la agenda de reformas de Mariano Rajoy. El engranaje de pactos volverá a funcionar las próximas semanas con el apoyo de Convergència i Unió a la reforma laboral y, muy probablemente a la reforma del sistema financiero que se vota este mismo jueves. El PP también pedirá colaboración a CiU para que le corresponda a su actuación en Cataluña y le ayude con los Presupuestos estatales de 2012.

Esta situación es justamente la que buscaba evitar el líder de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, que las últimas semanas ha advertido repetidamente de que los nacionalistas no pueden volver al escenario de 2000, cuando necesitaban al PP para gobernar en Cataluña y José María Aznar se valía de sus apoyos para redondear su mayoría absoluta en votaciones clave. Duran no quiere que la debilidad de Mas en Cataluña acabe por restarle toda capacidad negociadora en el Congreso. Por ahora CiU es favorable a todas las grandes medidas anunciadas por Rajoy, aunque insiste en negociar aspectos para evitar la invasión de competencias autonómicas en asuntos como la reforma del sistema financiero. Pese a todo CiU mantiene que no hay pacto estable alguno con el PP en Cataluña. El portavoz del Gobierno catalán se limitó a decir ayer que, pese a compartir puntos de vista, no hay acuerdo en asuntos como el pacto fiscal para Cataluña que piden los nacionalistas.

El PP, además de fidelizar a CiU como muleta en el Congreso, consigue con el pacto de ayer coordinar su política económica con la del Gobierno de Artur Mas en Cataluña. El pacto presupuestario se plasmó en un decálogo que supone una hoja de ruta económica para los dos años que quedan de legislatura. Así, el Gobierno de CiU se comprometió a impulsar leyes para ayudar a los emprendedores en línea con la anunciada por el Gobierno, a mejorar la transparencia de la administración, limitar el techo de gasto, y suprimir el 25% de empresas públicas. Entre las normas más destacadas, una ley que debe obligar a la Generalitat a hacer públicos todos los nombramientos y sueldos de empresas participadas con dinero público.

Aunque el aspecto más destacado del Presupuesto son las tasas, el principal escollo en el que encalló la negociación entre ambos partidos. Tras semanas de negociación, PP y CiU lograron consensuar un impuesto sobre las pernoctaciones turísticas, el copago farmacéutico y la ampliación del canon del agua. El Gobierno, de momento, se niega a cifrar el coste del pacto con el PP en las tasas. Porque los gravámenes, con los que el Gobierno esperaba recaudar 100 millones, quedan reducidos y aplazados. En el caso de la tasa turística y el euro por receta, se introducen excepciones y limitaciones que minimizarán su impacto.