Educación debe tres millones a las empresas de autobuses escolares

La mayoría de las empresas y conductores que llevan cada mañana a los alumnos madrileños a clase y los recogen cada tarde pueden verse abocadas a “un estado ruinoso sin precedentes”. Han estado más de cuatro meses, desde el pasado 1 de septiembre de 2011, trabajando sin cobrar. Es la denuncia de la patronal del sector, la Asociación de Empresarios de Transporte de Autocar en Madrid (Aetram) que ha dado la voz de alarma en la Consejería de Educación y Empleo por el “gravísimo problema”.

Han estado más de cuatro meses trabajando sin cobrar.

La Comunidad de Madrid debe 3,3 millones de euros a unas 260 empresas que transportan a los alumnos de los centros públicos de la región. Las afiliadas de Aetram, que piden hablar por boca de su patronal, son un 75% del sector, según sus cálculos. Conducen 2.000 autocares y cubren 365 rutas (nueve de cada 10 trayectos, según sus estimaciones) en virtud de convenios plurianuales que vencen en 2015 para cuatro de las cinco zonas en las que está dividida la Comunidad de Madrid (centro, sur, este y oeste, todas excepto norte). Tenían que haber cobrado en diciembre el dinero de todo el trimestre, pero aún no han visto un euro. De momento, solo han tramitado una queja formal a la Consejería y aseguran que mantendrán el servicio. Pero piden cobrar cuanto antes para “que se pueda evitar una situación caótica”.

Son el 75% del sector, conducen 2.000 autocares y cubren 365 rutas

La patronal alertó a Educación de los impagos. Aseguran que el transporte escolar es una de las principales fuentes de ingresos de sus empresas y “en muchos casos, la única”. Añaden que a “la crisis propia” del sector de transporte escolar, de trabajadores y turísticos, se suma el incremento “desproporcionado” de sus principales costes “en porcentajes asfixiantes”. Y señalan el gasóleo, que ha subido de 0,96 a 1,31 euros por litro en dos años y los incrementos de costes laborales, entre los que subrayan la subida del IPC. Todo esto supone, añaden, un endeudamiento financiero “insoportable” si las empresas no cobran los servicios prestados “en los plazos previstos”.

Un portavoz de la Consejería de Educación asegura que se trata de un “retraso”, no de un impago. Señala que es un pago trimestral que la Consejería “ha tramitado” y que está pendiente de Tesorería, que ha garantizado un primer abono de 1,7 millones “con carácter inmediato”, pero no especifica a que se debe ese “retraso”.

Otros que no cobran

Existe otro colectivo afectado por los impagos (o retrasos) de la Consejería, esta vez en el área de empleo. Las empresas de formación de parados denunciaron hace dos semanas que les debe 100 millones de euros, de los que 50 corresponden a 2011 y el resto a ejercicios anteriores. Las 800 empresas afectadas han despedido a la mitad de sus plantillas.

En este caso fue la Consejería de Economía la que, después de la denuncia pública de las empresas a través del PSM, admitió la deuda (que achacó al traslado del Servicio Regional de Empleo tras la fusión de Trabajo y Educación en mayo) y se comprometió a cerrar un calendario de pagos, abonando el 50% de lo adeudado en 2011 (25 millones) antes de que acabe febrero.