El Tribunal de Cuentas solicita revisar el plan Bahía de Cádiz

El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Servicio Público de Empleo Estatal que revise las acciones financiadas con las subvenciones por 16 millones concedidas a Andalucía para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de la Bahía de Cádiz. El Juzgado 4 de Cádiz investiga el desvío de ayudas a la reindustrialización que la bahía gaditana ha recibido en los últimos años. Por esta causa la policía detuvo al empresario gallego Manuel Dávila Ouviña y ha tomado declaración al exgerente del plan, el socialista Antonio Perales. Este negoció con Ouviña la instalación de empresas en varias localidades de la provincia de Cádiz.

Ahora el órgano fiscalizador recomienda al Gobierno central que revise el destino y uso de estos 16 millones entre 2008 y 2009, para asegurar que los fondos se aplicaron al destino para el que fueron concedidos. El Tribunal de Cuentas recomienda la revisión debido a que no ha podido determinar el carácter de esas acciones ni el colectivo de personas afectadas por las mismas. Es decir, si los recursos asignados se destinaron a lo acordado.

El servicio de Empleo estatal y la Junta firmaron a finales de 2008 un convenio de colaboración con una subvención prevista para desarrollar medidas para favorecer la cualificación del capital humano y su inserción laboral, así como medidas de carácter social para los trabajadores con mayores dificultades de inserción en el marco del Plan de Empleo de la Bahía de Cádiz.

El plan establecía la concesión de acciones de carácter social, garantes de un nivel mínimo de ingresos, para aquellos trabajadores que, teniendo al menos 53 años, presentasen mayores dificultades de inserción en el mercado laboral. El Tribunal de Cuentas considera que las acciones concretas a desarrollar mediante esta subvención nominativa, que debían destinarse exclusivamente a políticas activas de empleo, comprendieron finalmente “tanto actividades enmarcadas dentro del ámbito de las políticas activas de empleo, como en el ámbito de las prestaciones económicas por desempleo, a través de las denominadas acciones de carácter social”.