Justicia puso el ‘contador a cero’ en 2010 con las empresas adjudicatarias

El sistema de contratación aplicado en tiempos de EA acapara las sospechas

Inmaculada de Miguel, una de las personas relaccionadas con las adjudicaciones irregulares.
Inmaculada de Miguel, una de las personas relaccionadas con las adjudicaciones irregulares.PRADIP J. PHANSE

En 2010, el Gobierno de Patxi López puso el contador a cero con las empresas adjudicatarias de los servicios informáticos del Departamento de Justicia —Ibermática y la UTE entre esta firma vasca e Indra— tras realizar un exhaustivo inventario de los diez años anteriores, cuya gestión política correspondió a Eusko Alkartasuna (EA), con los consejeros Sabin Intxaurraga, primero, y Joseba Azkarraga después. Este acuerdo de regularización, donde se incluía la revisión de las adjudicaciones, los trabajos realizados y pendientes y los desfases presupuestarios se liquidó con un pago por parte del Gobierno en torno a los 5 millones de euros, según ha podido conocer EL PAÍS.

Una UTE entre dos firmas rivales

La irrefrenable interpretación política en torno al estallido de esta sorprendente denuncia por supuestas irregularidades económicas en el Gobierno Ibarretxe ha introducido la variable del posible interés del PSE-EE, desde su llegada a Ajuria-Enea, por introducir en el mercado vasco a la empresa Indra en detrimento de Ibermática, asociada ésta a la órbita nacionalista y con su presidente, José Luis Larrea, afiliados al PNV.

En el entorno de la firma guipuzcoana siempre se ha negado todo tipo de fricción con el actual Gobierno vasco. De hecho, se cita como ejemplo la presencia de Larrea —exconsejero de Hacienda con el lehendakari Ardanza en los tripartitos con EA y EE, primero, y en el de coalición con el PSE-EE, después— en el equipo de asesores económicos que Patxi López nombró a mediados de legislatura. No obstante, en el ámbito económico vasco se reconoce una “indudable mayor penetración” de la empresa Indra en el negocio del País Vasco desde que los socialistas, con quienes se les vincula, llegaron al poder.

Quizá para alentar estas especulaciones sobre un cierto favoritismo del actual Gobierno vasco entre dos empresas que son rivales a pesar de formar UTE en base a sus intereses puntuales, hay quien recuerda la visita de López, en febrero de 2009, a las instalaciones de Indra en Barakaldo, en plena campaña de las autonómicas, junto a José Antonio Pastor y Mikel Torres, donde el entonces candidato socialista ensalzó a esta empresa como un referente en el sector. Sin embargo, Ibermática ha seguido disfrutando de varias adjudicaciones públicas. Desde el Gobierno no han podido precisar su facturación anual a Ibermática, aunque podría superar los 3 millones.

En las sucesivas reuniones mantenidas para alcanzar la liquidación se establecieron dos niveles diferentes, uno de ellos dedicado al ámbito técnico y otro, al administrativo. Ana Molina era el nexo de unión por parte del Gobierno vasco, además de personal de Justicia y de las propias empresas, aunque nunca participaron “niveles ejecutivos altos”. Precisamente Molina, ya entonces sustituta de Inmaculada de Miguel como responsable de la contratación desde su cargo de directora de Relaciones con la Administración de Justicia, es una de las personas a quienes los viceconsejeros Fínez y Victoria Cinto hicieron partícipe del inicio de la investigación interna. A su vez, Cinto también comunicó a De Miguel las sospechas sobre algunas de sus actuaciones.

Esta evaluación respondió al deseo de los nuevos gestores de Justicia, entonces encabezados por el viceconsejero Txema Fínez, de inventariar el proceso de modernización de los sistemas informáticos de este departamento, un ambicioso plan considerado como bandera de la capacidad de gestión. Eso sí, hasta entonces “jamás” se había realizado una regularización semejante a pesar de las numerosas adjudicaciones de proyectos que se fueron sucediendo.

En paralelo, el equipo de Idoia Mendia empezó a detectar irregularidades en los sistemas de contratación que se venían aplicando en el área de los servicios informáticos. Al parecer, el departamento nunca se dirigió a las empresas —habitualmente siempre Ibermática e Indra en los principales proyectos— para requerirles información sobre estas adjudicaciones. De hecho, en medios próximos a las empresas señaladas ahora con el dedo tras detectar Justicia supuestas irregularidades por valor de 23 millones de euros, se sostiene que “todo lo hecho tiene el visto bueno del Gobierno vasco”.

“Todo lo hecho tiene el visto bueno del Gobierno”, dice uno de los directivos
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Así las cosas, la investigación alcanza al propio departamento de Justicia, donde algunos responsables de área y otros funcionarios podrían verse salpicados por este proceso. “Estaría en cuestión qué tipo de contratación hacían algunas personas durante el Gobierno de Ibarretxe y sobre todo cuáles eran los controles”, admite una persona relacionada con esta denuncia. Este diario ya adelantó ayer que entre la documentación entregada a la fiscalía superior del País Vasco se encuentran algunas prebendas sin justificación concedidas a personas que todavía siguen trabajando en Justicia.

Mientras, tras sus primeras manifestaciones exculpatorias, Ibermática e Indra están, ahora en silencio, a la espera de las primeras actuaciones judiciales, conscientes de que no pueden defenderse ni aportar documentación alguna para rebatir públicamente las supuestas irregularidades que se les imputan. Eso sí, algunos trabajadores de Ibermática reconocieron el pasado viernes que “se está recopilando toda la información de que se dispone” en esta empresa ante la posibilidad de que se abra un proceso judicial o, incluso, una comisión de investigación en el Parlamento. Hasta ahora, no se les ha requerido por parte del Gobierno vasco mientras Justicia realizaba la investigación.

Las dos empresas aludidas empiezan a recopilar datos sobre adjudicaciones

En las dos empresas reunidas en la UTE, y directamente aludidas en la denuncia desvelada el pasado martes, existe “plena satisfacción” por los trabajos acometidos en el plan de modernización de los servicios de Justicia, según admite uno de sus directivos. Además, el acierto de sus aplicaciones fue reconocida por la propia viceconsejera Cinto durante su entrevista en una revista especializada en la que detalla cada uno de los pasos que se habían conseguido y cuál había sido el trabajo realizado.

De hecho, ambas firmas mantienen vigentes más de un contrato con el Gobierno vasco, incluso en Justicia. La adjudicación a la UTE Ibermática-Indra de la operatividad informática de este departamento permite disponer a estas empresas, paradójicamente, de todo el control de los ordenadores en los que se puede ir depositando la investigación de que vienen siendo objeto.

Precisamente la posterior adjudicación a estas dos firmas de nuevos proyectos informáticos en Justicia cuando ya había avanzado la investigación de Fínez, y que lógicamente podría entenderse como una muestra de confianza, alimenta, de paso, las dudas sobre su posible implicación directa en la denuncia desvelada por Justicia, ya descartada por ambas.

A su vez, la propia cifra de 23 millones como montante global de las irregularidades detectadas en un período de 10 años por supuestas connivencias entre el personal responsable de Justicia y las adjudicatarias tampoco se antoja determinante en empresas de un volumen de negocio como el de Ibermática, cuya facturación en el pasado ejercicio rondós los 245 millones. Por otra parte, la dispar adscripción ideológica que se presupone a cada una de las dos firmas —Ibermática (PNV), Indra (PSOE)— hace muy difícil su relación con un supuesto caso de financiación de partidos, teniendo como referencia que el departamento en los años investigados estaba en manos de EA. No obstante, el perjuicio económico resultante que se denuncia podría ser, finalmente, inferior a los 23 millones en teoría “desviados” en los 15 proyectos investigados ya que habría que descontar los trabajos acometidos.

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