Llamamiento ‘abertzale’ a parar a 100.000 empleados públicos

Cerca de 100.000 trabajadores públicos de los tres niveles institucionales (Gobierno, Diputaciones y Ayuntamientos), así como los funcionarios de la Administración General del Estado y de Correos, están llamados hoy a secundar el paro de cuatro horas —variables en función de los turnos— convocado por los sindicatos abertzales ELA, LAB y STEE-EILAS en protesta por los recortes en el sector público y en defensa “de unos servicios de calidad”.

Al paro se sumará, en una decisión inédita ante otras convocatorias de huelga, la Diputación de Gipuzkoa, en manos de Bildu. Cargos públicos tanto de esta coalición como de Aralar también se sumarán a los paros.

El Superior avala la mayor parte del decreto de servicios mínimos

Las centrales nacionalistas protestan contra el decreto que el Gobierno vasco aprobó el pasado 11 de enero, que regula estas medidas de ajuste, con las que espera ahorrar unos 95 millones de euros.

Entre dichas medidas se incluían la supresión temporal de las primas por jubilación voluntaria, la de los contratos de relevo, o la bajada de los complementos salariales de las bajas por enfermedad común, que pasarán del 100% al 50% durante los tres primeros días.

Junto a los paros, las centrales han convocado manifestaciones a las 12.30 en la plaza de Arriaga de Bilbao, en el Boulevard de San Sebastián y en la plaza de la Virgen Blanca, en Vitoria, además de otras concentraciones frente a distintas sedes oficiales.

Los servicios mínimos han sido otro de los puntos de fricción. Los sindicatos consideraron abusivos los establecidos por el Ejecutivo —el 30% de los servicios ordinarios en los transportes y el personal equivalente a un festivo en los hospitales y otros servicios públicos—, por lo que los recurrieron al Tribunal Superior, que los ha mantenido casi en su totalidad, salvo en lo que hace referencia a los centros docentes públicos no universitarios.

El Superior, en un auto fechado ayer, rechaza que tenga que trabajar un profesor responsable de la realización de exámenes ya programados, lo que considera que “carece de suficiente motivación”, aunque no cuestiona la existencia de un responsable para garantizar el acceso a los centros educativos.

El tribunal desestima el otro apartado del recurso de las centrales, que rechazaban el mantenimiento del total del servicio de transporte especial para personas dependientes a centros de día. El auto indica que “prevalece” la necesidad de transporte de esas personas dependientes ya que, de otra manera, se verían privadas de atención. En este apartado, los recurrentes habían aducido la “circunstancia de especial urgencia” de la convocatoria de la protesta sindical.

En el resto de los servicios se cumplirán los dictados por el Ejecutivo, pese a las críticas sindicales.