La juez impone 12 millones de fianza a los cuatro procesados por el robo de la droga

La juez Ana Escribano ha procesado a los cuatro imputados por el robo de 154 kilos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla y les ha impuesto cuatro millones de fianza a tres de ellos y 250.000 euros a la cuarta acusada. La decisión de la magistrada llega solo cinco días después de que la fiscalía retirara los cargos contra los tres mandos policiales en una instrucción prolongada durante tres años y medio.

La juez ha procesado al expolicía Lars Sepúlveda y su socio Manuel Alonso, así como la esposa de este último, Victoria S. G., por un delito de robo con fuerza y un delito contra la salud pública. La esposa de Sepúlveda está acusada de blanqueo de capitales, según el auto de procesamiento que ha emitido la magistrada Escribano.

El expolicía de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) robó supuestamente 56,7 kilos de heroína y 97,7 de cocaína en seis ocasiones diferentes entre 2006 y 2008, hasta que en junio de ese año se descubrió la sustracción de la droga en uno de los alijos almacenados en los calabozos. “Aprovechándose de su condición de funcionario destinado en la Udyco sustrajo una considerable cantidad de heroína y cocaína (…) que había sido incautada en diferentes operaciones policiales”, refleja el auto, contra el que cabe recurso y del que informó el Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

El expolicía Sepúlveda sustituyó los paquetes de droga por otros paquetes preparados con yeso, sacarosa, cacao, sulfato cálcico, paracetamol y cafeína entre otras sustancias, gracias a la ayuda de su amigo Alonso y la mujer de este. “Después L. M. [expolicía] recogía los envoltorios sutitutos y los introducía en el calabozo volviendo a meterlos en el paquete en el que se encontraban los auténticos”, relata la juez en su último auto. Una vez los alijos fueron trasladados desde la comisaría a otros inmuebles, los dos imputados contactaron con traficantes “que no han podido ser identificados” a los que vendieron los alijos, por lo que obtuvieron unas ganancias de más de cuatro millones, según la instrucción. Ni un kilo de la droga ha podido ser recuperada y todos los alijos acabaron en el mercado callejero. De momento, los dos imputados, amigos y exsocios, están en prisión provisional mientras que sus esposas están en libertad provisional.

La juez enfatiza en su auto la pureza de la droga sustraída y el valor que alcanzaría en el mercado, por lo que fija una fianza de cuatro millones de euros para cada uno de los tres procesados por robo, y 250.000 euros para la mujer de Sepúlveda, “conocedora de la procedencia de las ganancias ilícitas” y que “colocó las ganancias a través de la compra de bienes inmuebles e inversiones” para blanquear los ingentes beneficios. La policía expulsó a Sepúlveda poco antes de que se descubriera el robo, y su mal comportamiento y dejadez hizo que las sospechas recayeran sobre él desde el principio. A pesar de los sólidos indicios en su contra, Asuntos Internos, unidad encargada de la investigación, tardó más de un año en detenerle. Mientras, los agentes de la Jefatura de Sevilla pedían el traslado desde la Udyco a otras unidades.

El juzgado ha decidido embargar los bienes de los acusados para poder afrontar el pago de las fianzas, aunque probablemente los inmuebles intervenidos y capital repartido en diversas inversiones, no será suficiente para cubrir los 12 millones de fianza. Mientras, Escribano tomará declaración a los procesados el próximo 17 de febrero.

El robo de la droga afectó a la instrucción de siete casos judiciales y supuso un antes y un después para la Udyco de Sevilla. La moral de la unidad se quedó bajo mínimos tras el robo, uno de los agentes sufrió un infarto y falleció, y la Jefatura Superior se enfrentó a través de escritos a Asuntos Internos para defender la honestidad del exjefe de la Udyco y dos jefes de grupo. El exjefe de la unidad fue absuelto tras ser acusado de colaborar con el clan de narcotraficantes Los Barriga, y los otros dos han permanecido imputados por un delito de omisión del deber de perseguir delitos el pasado viernes. La acusación de Asuntos Internos contra los mandos, amparada por la juez y la fiscalía, ha causado indignación y pesar en el Cuerpo Nacional de Policía.