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La Guardia Civil investiga 111 cuentas bancarias de empresarios de los ERE

Los agentes analizan si los beneficiados malversaron las subvenciones directas

La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos. Ampliar foto
La juez Mercedes Alaya, en los juzgados sevillanos.

La Guardia Civil investiga 111 cuentas bancarias de los empresarios que recibieron subvenciones directas del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones por la Consejería de Empleo entre 2001 y 2010. La Unidad Central Operativa (UCO) remitió hace dos meses un oficio a la juez del caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, para “aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas a empresas y los mecanismos utilizados para su adjudicación”.

El Grupo de Delitos Económicos de Fraude y Contrabando de la UCO argumenta a la juez que es necesaria una “amplia investigación” que abarque un examen exhaustivo de los expedientes de concesión de las empresas beneficiarias, así como un análisis de información financiera “que será decisivo para determinar el verdadero destino y uso de los fondos concedidos”. Las cuentas pertenecen a todo tipo de entidades en diferentes localidades: Banesto, Banco Santander, Banco Popular, BBVA, Unicaja, etc.

Los agentes inciden sobre cómo “se han utilizado las mismas cuentas bancarias para el abono de diferentes ayudas a distintas empresas que pertenecen a un mismo entorno societario”. Y citan a los exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, vinculados al grupo Matadero de Sierra Morena que recibió 12 millones en ayudas, como ejemplo de subvenciones directas concentradas en pocas manos. Sobre esta “trama” de empresas de la Sierra Norte sevillana, la Junta ya pidió a la juez que tome declaración como imputados a los empresarios, pero la magistrada ha pospuesto esta citación en su último auto.

La investigación policial está muy encaminada a conocer el destino del dinero concedido a empresas como Corchos de Cazalla, Atarazanas de Constantina, Electrificaciones Roma o Aronáutica del Sur. Y quedan miles de cabos sueltos en una investigación muy compleja que abarca una década. Indicios no faltan. Los agentes subrayaron el pasado 25 de enero que en la investigación sobre la empresa Calderinox es preciso conocer la titularidad de la cuenta de Cajasol a la que se transfiere 432.728 euros, y si el dinero fue repartido, “a cada uno de los trabajadores a razón de 3.600 euros por persona”. Otra transferencia de 168.000 euros acabó en una cuenta de La Caixa que debía haberse distribuido entre cada uno de los 84 extrabajadores de Calderinox.

Los investigadores exigen a las entidades bancarias celeridad al remitir los datos sobre las titularidades de las cuentas corrientes, y además puntualizan que “pueden solicitar cuantas aclaraciones, ampliaciones, o documentación complementaria” estimen necesarios.