Un goloso patrimonio en pugna
Las organizaciones del campo pleitean por las sedes de las cámaras agrarias
Un edificio de más de 2.000 metros cuadrados en pleno casco histórico de Sevilla, otro de cinco plantas junto a la catedral de Jaén, u otro de de más de 700 metros cuadrados en la céntrica avenida de Andalucía de Málaga son solo algunos ejemplos del goloso patrimonio que la Junta de Andalucía ha puesto en manos de las organizaciones más representativas del campo andaluz. Pero esta cesión gratuita ha abierto la caja de los truenos y ha desatado una dura pugna entre las organizaciones agrarias que no esconde más que la lucha por hacerse con el mayor botín de un patrimonio millonario.
La consejería de Agricultura ha traspasado la última semana las ocho cámaras provinciales a Asaja, Coag y UPA, que asumen la propiedad a partes iguales y que ahora deberán decidir el reparto de funciones. Se trata de la primera fase de liquidación de 127 inmuebles en toda Andalucía (las cámaras locales las asumirán los ayuntamientos para fines agrarios) con el que la Junta abolía estas corporaciones nacidas antes del franquismo y que habían quedado sin uso al asumir la representación del campo las organizaciones agrarias. La Junta renunció a hacer caja con este patrimonio y decidió traspasarlo para ahorrarse los 2,5 millones de euros anuales de su mantenimiento.
Las Cámaras Agrarias Provinciales traspasadas:
Cádiz: Edificio Cereus. Urbanización el Bosque. Jerez de la Frontera. Dos plantas (641 metros cuadrados) y dos plazas de garaje.
Córdoba: Avenida de América, 26. Una planta de 1.058 metros cuadrados y garaje.
Granada: Calle Alhamar, 35. Tres plantas y sótano aparcamiento (608 metros cuadrados.
Huelva: Calle Berdigón, 29. Dos bajos (436,83 metros cuadrados) y local en calle Garci Fernández, 14, de 69 metros cuadrados.
Jaén: Calle Campanas, 1. Semisótano y cinco plantas (972 metros cuadrados).
Málaga: Avenida de Andalucía, 22. 762 metros cuadrados.
Sevilla: Calle Trajano, 2. Primera planta y ático (2.071, 57 metros cuadrados).
Sin embargo, Asaja ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el TSJA pidiendo la paralización cautelar del acto de entrega de las llaves y exigiendo que no se hagan las escrituras públicas para que las nuevas propiedades no sean registradas. El argumento que esgrime esta organización que es la mayoritaria en el sector es que el reparto se haga en función de la representatividad de cada asociación, postura que avala con un informe jurídico del catedrático sevillano de Derecho Civil Ángel Manuel López. Asaja no descarta acudir a la vía penal.
La postura de Asaja ha sido duramente criticada por las otras organizaciones. Agustín Rodríguez, secretario general de UPA en Andalucía, la considera "responsable e injusta" y sugiere si es que "estará pensando en que puede haber un cambio de gobierno y quedarse con todo".
Miguel López, secretario general de COAG, abunda y asegura que Asaja estará esperando "una mejor coyuntura". "Es difícil de explicar que Asaja critique un proceso que se ha realizado de forma transparente y democrática, con una comisión liquidadora en la que todos han participado, mientras defiende el procedimiento caciquil de concesión a dedo", alega. López ha anunciado una querella contra el asesor jurídico de Asaja, Emilio Viera, por cuestionar la independencia y solvencia de la Coag.
El pasado mes de noviembre un juzgado de Sevilla anuló la cesión gratuita por 50 años a Asaja del edificio de la Cámara Agraria de Sevilla, en la céntrica calle Amor de Dios. El fallo judicial, a raíz de un recurso de la Coag, entiende que se trata de una decisión "claramente contraria a derecho", puesto que ese patrimonio "pasaba a ser disfrutado por una sola organización, en perjuicio del conjunto del sector agrario". La falta de elecciones en el sector agrario dificulta que se pueda conocer con precisión la representatividad de cada organización.
Asaja impugna en el TSJA el traspaso y pide un reparto proporcional
La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, ha destacado que el traspaso de las cámaras agrarias provinciales se caracteriza por un "reparto equitativo de los bienes muebles e inmuebles entre las tres organizaciones agrarias con un mismo nivel de representatividad institucional ante la Junta de Andalucía". A su juicio, se culmina así un proceso "que supone la devolución de una labor que siempre ha pertenecido al propio sector".
La extinción de las cámaras agrarias era uno de los objetivos del decreto de medidas urgentes de reordenación del sector público de Andalucía. La Junta no ha hecho una tasación de estos inmuebles al no tener un valor comercial. Inicialmente, la consejería de Agricultura vinculó el traspaso gratuito de estas sedes a que las organizaciones agrarias asumiesen los 70 empleados de las cámaras, pero ante la negativa a hacerlo finalmente optó por un ERE y el despido de estos trabajadores.
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