El imputado del 'caso Emarsa' en fuga facturó a cuatro depuradoras
El caso es la “la punta del iceberg” de una trama más amplia, dicen los socialistas
El empresario imputado en el caso Emarsa que está en paradero desconocido, Jorge Ignacio Roca, para el que el juez instructor ha extendido una orden de búsqueda internacional, facturó al menos a otras cuatro depuradoras además de la de Pinedo, que da cobertura al área metropolitana de Valencia. Así lo reveló ayer la diputada socialista Carmen Martínez, secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de Valencia, que criticó que la comisión de investigación del caso Emarsa aún no tenga fecha de constitución en las Cortes Valencianas.
A través de la empresa Zonday Investments, SL, Roca facturó en 2005 46.168 euros, repartidos en cuatro cantidades iguales de 11.542 euros, a Aqualia Gestión Integral del Agua, SA, adjudicataria de las depuradoras de Calp, Tavernes de Valldigna, Sagunto/Canet y Carlet. Lo hizo en concepto de “redacción de documentos técnicos de soporte a las plicas” de los sistemas de saneamiento de las cuatro instalaciones. Los datos proceden de un informe de la Agencia Tributaria en Cataluña que obra en el sumario de Emarsa. Un informe en el que se explica que las empresas de Roca, domiciliadas en localidades catalanas, carecían de medios para ejecutar los supuestos trabajos por los que cobró hasta 15 millones de euros, de los que al menos 11 millones no tienen justificación según el juez.
La relación de Roca con otras cuatro depuradoras extiende las sospechas a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat. Carmen Martínez recordó que hace dos meses, en el debate previo a la decisión de las Cortes de crear una comisión de investigación sobre Emarsa, denunció que la Epsar, una sociedad 100% de la Generalitat, incrementó sus aportaciones a Emarsa en los años del saqueo de la empresa pública, de 2004 a 2010, y que más de 120 millones correspondían a dos convenios ilegales con la Epsar. La diputada apuntó que la existencia de facturas de Roca a otras cuatro depuradoras a través de una adjudicataria de la Epsar puede significar que Emarsa es sólo “la punta del iceberg” de una trama más amplia.
La parlamentaria socialista recordó que en aquel debate para la creación de la comisión sobre Emarsa el portavoz popular, Rafael Maluenda, descartó tajantemente incluir a la Epsar en la investigación. Martínez insistió en ello y criticó a Alberto Fabra por retrasar la puesta en marcha de una comisión que incomoda a dirigentes del PP como Rita Barberá o Alfonso Rus. “Si la comisión no está en marcha es porque Fabra y el PP no quieren que se sepa qué ha pasado y porque tienen muchas cosas que ocultar”, dijo Martínez, que consideró que la relación de uno de los principales imputados en el saqueo de Emarsa con depuradoras que dependen de la Generalitat da “una nueva clave” al escándalo.
Roca facturó 46.168 euros repartidos en partes iguales a las cuatro depuradoras
Horas después de que la diputada socialista hiciera públicas sus revelaciones y criticara que los populares, no solo no habían respondido a las solicitudes del PSPV para habilitar el mes de enero a efectos de la investigación de Emarsa, sino que no habían ni designado a sus representantes en la comisión, el portavoz del PP en las Cortes, Rafael Blasco, anunciaba que los diputados Alejandro Font de Mora, Vicente Betoret, Marisol Linares, Alicia de Miguel, Trini Miró, Rafael Maluenda, David Serra y Eduardo Ovejero habían sido propuestos para formar parte de la misma. Blasco indicó que este miércoles arrancaba un nuevo periodo de sesiones. “No hemos querido perder ni un minuto, señal del interés que tenemos en que esta comisión, al igual que la de la CAM, comience a trabajar para esclarecer lo ocurrido”, señaló el portavoz popular, que criticó que la oposición “ponga en duda el arranque de la comisión con un total desconocimiento de los plazos parlamentarios y de cómo funciona la institución”.
Cuatro empresas administradas por Jorge Ignacio Roca, según el juez Vicente Ríos, que instruye la investigación, “fueron colocadas de manera interpuesta entre la empresa al parecer prestadora del servicio de gestión de lodos hasta el mes de febrero de 2009, Adob Orgànics, SL, y Emarsa, con la finalidad de incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados, y luego Printergreen, SL, siguió facturando a Emarsa hasta 2010 sin que exista justificación de que le prestara servicio alguno”. Por ello, evalúa provisionalmente en 11 millones de euros lo cobrado y no justificado. De ahí que el instructor haya impuesto al empresario en paradero desconocido una fianza de 11 millones de la que debe responder conjunta y solidariamente con los principales imputados de la trama, el expresidente de Emarsa, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y el exgerente Esteban Cuesta. Con ellos ha de responder también de una fianza de tres millones por presunto delito fiscal.
“Ninguna de las sociedades tiene medios para sus supuestas actividades”
Conclusiones
El informe de la inspección de la Agencia Tributaria en Cataluña, donde estaban domiciliadas sus empresas, es demoledor en relación con el entramado de empresas desde el que Jorge Ignacio Roca Samper, hace meses en paradero desconocido, facturó cantidades millonarias a Emarsa, empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, y desde el que también cobró supuestos servicios a otras depuradoras en Calp, Sagunto, Tavernes de Valldigna y Carlet.
“Ninguna de las sociedades tiene medios, ni humanos, ni materiales, ni financieros, para desplegar las supuestas actividades económicas que a las mismas se atribuye por terceros receptores de facturas en cuyos membretes se consignan los nombres de las distintas entidades”, señala el informe, fechado el pasado noviembre, sobre Erwinin, SL, Zonday, SL, Agrolemos NY, SL, y Printergreen, SL, sociedades de Roca Samper.
La inspección no tiene duda alguna de que se trata de facturas “viciadas en su origen de un falseamiento intelectualmente diseñado y voluntariamente provocado” para “la sustracción de gastos ficticios o en cuantía desfigurada, o la deducción de cuotas del IVA sustentadas en documentos carentes de la debida legitimidad”.
El análisis pormenorizado de cada una de las sociedades revela por ejemplo que Erwinin, una de las empresas que facturó a Emarsa, ingresó en 2006 más de 3,7 millones, neutralizados por unos gastos prácticamente equivalentes de los que “no existe evidencia, justificante o elemento probatorio mínimamente consistente”.
El informe de la inspección tributaria concluye que “no se aprecia” que las sociedades de las que era administrador Roca Samper “hayan realizado una actividad económica fidedigna, convencional, veraz y rectamente ajustada al objeto social”; que “no se aprecia ni en la composición accionarial de las entidades ni en su forma de administración elementos de corrección y regularidad”; que “no se aprecia en ninguna forma la concurrencia de elementos que otorguen verosimilitud alguna a las facturas emitidas”; que “no se aprecia en el examen de los movimientos fiduciarios de naturaleza bancaria ningún elemento que permita inferir un comportamiento ajustado a criterios de buen hacer empresarial”, y que tampoco se aprecia “en las declaraciones que presentaron las entidades a la Hacienda Pública ni veracidad, ni rectitud, ni voluntad alguna de contribuir de acuerdo con la legalidad al sostenimiento de los gastos públicos”.
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