Trias pretendía pagar 22 millones por una parcela sin uso urbanístico
La compra de un solar del Guinardó pretendía desbloquear el proyecto de Can Batlló La negativa de la oposición bloqueó el plan, pactado con una inmobiliaria
El Ayuntamiento de Barcelona estaba dispuesto a pagar 22,5 millones de euros —más el IVA correspondiente— a la inmobiliaria Inmogaudir por una finca de 16.000 metros cuadrados en el Guinardó calificada de zona verde sin uso urbanístico. El precio, pues, del metro cuadrado de la citada parcela, que hace esquina en Mare de Déu de Montserrat y Francesc Alegre, sale a 1.343 euros el metro cuadrado. La valoración, efectuada por la gerencia de Hábitat Urbano, se realizó dentro del expediente de expropiación de la citada finca instado por la inmobiliaria. Esa parcela ha entrado en juego para arrancar el proyecto de transformación de Can Batlló en el barrio de Sants que se vio bloqueado hace dos semanas porque CiU no obtuvo apoyos de la oposición.
La tasación de la finca de Mare de Déu de Montserrat se ha calculado teniendo en cuenta el valor del suelo y el de los pisos de renta libre y protección del entorno, aunque en ella no se podrá edificar nunca. Por otra parte, el valor catastral de la parcela no llega a los dos millones de euros, muy lejos de los 22,5 pactados entre la inmobiliaria y la gerencia de Hábitat Urbano. El Consistorio defendía en el convenio al que habían llegado el edil de Hábitat Urbano, Antoni Vives, e Inmogaudir “el interés en la adquisición de la finca como uso público en una localización privilegiada en los accesos al parque de los Tres Turons”.
La inmobiliaria, que tiene 80.000 metros cuadrados de espacio comercial y residencial en España según explica en su página web, ha alegado falta de liquidez para iniciar el proceso de transformación de Can Batlló, proyecto que prevé levantar un millar de pisos de renta libre, 450 protegidos y varios equipamientos. Según los datos que obran en el expediente, el negocio previsto en la operación de Can Batlló es de 147 millones de euros con un gasto de 40 millones para hacer frente a los costes de indemnizaciones a los todavía ocupantes, los de la demolición de las naves y la urbanización posterior. El Ayuntamiento iba a asumir la dirección del proyecto inyectando 10 millones de euros para sufragar parte de los 17 millones, el coste de la primera fase de la urbanización. A cambio, el Consistorio obtenía en Can Batlló unos 5.000 metros cuadrados para construir los pisos protegidos.
Pero, además de esa aportación, con una contrapartida clara para la ciudad, el Ayuntamiento dio por bueno expropiar por 22,5 millones de euros la finca de Inmogaudir en el Guinardó y que ese dinero lo destinara la inmobiliaria a pagar el resto de los costes de la urbanización de Can Batlló. Es decir, que, al final, sería el Consistorio el que iba a pagar buena parte de los 40 millones de euros de los costes totales de la operación de Can Batlló; eso sin tener una contrapartida a cambio, más allá de 16.000 metros cuadrados de zona verde.
El Ayuntamiento asumía casi todo el coste de la urbanización de Can Batlló
Un portavoz municipal alegó que el precio acordado está por debajo del precio que podía exigir la inmobiliaria y que, en cualquier caso, la prioridad es desencallar el proyecto de Can Batlló. No lo tuvieron nada claro los grupos de la oposición y CiU, al ver que estaba en minoría, acabó retirando el convenio que se sometió a debate en la comisión de Hábitat Urbano hace 10 días. El Partido Popular había dado el apoyo a la aportación de los 10 millones de euros del Ayuntamiento porque obtenía suelo en Can Batlló pero no vio claro el pago de los 22,5 millones más.
El Consistorio tenía previsto el pago de esa cantidad a Inmogaudir en tres anualidades, correspondientes a los presupuestos de 2013, 2014 y 2015 y con cargo a las partidas de expropiaciones de cada uno de los ejercicios. La operación diseñada por Hábitat Urbano tiene el visto bueno del área jurídica y de la intervención del Consistorio. En ella se da por sentado “el compromiso del expropiado de destinar lo que perciba para el pago de las cuotas de urbanización”.
La finca del Guinardó, afectada por el Plan General Urbano (PGM) de 1976, lleva años en liza y es bien conocida por los gobiernos socialistas que ha tenido Barcelona. Fue adquirida por el grupo inmobiliario en 1971 y cinco años después se vio afectada por el PGM como zona verde. La idea de Inmogaudir era obtener más provecho de ella —buscaba una “solución urbanística”, es decir, una recalificación— y en diciembre de 2005 casi lo logra. Firmó un protocolo con el Ayuntamiento —lo firmó el entonces gerente Ramon Massaguer— en el que adquiría el compromiso de recalificarla en parte para que pudiera ser edificable cuando se afrontara la definición del parque de los Tres Turons.
La inmobiliaria Inmogaudir perseguía una recalificación en el Guinardó
La inmobiliaria dio el plazo de cuatro años para no ejercer su derecho a ser expropiada. Pasó ese tiempo e Inmogaudir insistió al Consistorio en que quería una “solución urbanística” que no era ofrecida pese a las presiones. La Administración socialista también hizo sus números para intentar llegar a un acuerdo que se dejó de lado por completo con el estallido de la crisis.
En marzo de 2011, la inmobiliaria comunicó al Ayuntamiento que iniciaba el proceso de expropiación. Tras el cambio de gobierno, ahora ha sido el Consistorio de CiU el que ha negociado con Inmogaudir. El resultado fue el convenio que no ha llegado a buen fin y que obliga al Ayuntamiento a replantear la operación.
Esta planificación también ha despertado ciertos recelos entre los vecinos de la zona de Can Batlló. Están deseosos de que se desencalle la transformación de la antigua colonia textil porque allí están previstos equipamientos de barrio. Pero no a cambio de que la ciudad destine 22,5 millones de euros para pagar unos costes de urbanización que, por ley, corresponden a la inmobiliaria. “Están las cosas muy mal como para que nos gastemos tanto dinero para pagar a un grupo inmobiliario”, argumenta Josep Domingo, de la asociación de vecinos de Sants que recuerda que ya se produjo un primer plan de Can Batlló en 2002 que no llegó a buen puerto “porque exigieron más edificabilidad”.
Por otra parte, la finca del Guinardó no está del todo libre. En el frente que da a Mare de Déu de Montserrat hay varias naves que albergan pequeños talleres, alguno de ellos con empleados y actividad. El resto de la finca es forestal y está, de hecho, en uno de los accesos al parque del Guinardó. El solar, en la parte inferior, se utiliza como aparcamiento de los que tienen las naves en alquiler. El resto es un zarzal abrupto que se encarama hasta la calle de Budapest.
La sombra de Muñoz Ramonet
Carmen Escrivà de Romani Muñoz es la persona que representanta al grupo Inmogaudir en toda la documentación de la planificación urbanística de Can Batlló. Es nieta del fundador de la colonia textil, Julio Muñoz Ramonet que a su muerte, en 1991, cedió al Ayuntamiento de Barcelona un fabuloso legado patrimonial: dos fincas de su propiedad; un palacete en la calle de Muntaner y otro edificio en la de Avenir. Y con todo su contenido en el que estaba incluida una colección de 500 pinturas, con obras tan importantres como La Virgen del Pilar, de Goya, y La Anunciación, de El Greco. La condición que puso el empresario —huido de la justicia española y que falleció en Suiza— es que el Ayuntamiento velara por el legado. Algo que, por ahora, no ha podido hacer ya que las herederas se negaron a dar carta de validez a las voluntades del industrial y recurrieron a la justicia.
Los tribunales, por ahora, han reconocido la autenticidad del testamento. El asunto no está zanjado todavía ya que falta una última sentencia del Tribunal Superior al que recurrieron las herederas. Mientras, además, no se ha podido comprobar si en el interior de los inmuebles está todo lo inventariado en 1971. Y, de hecho, en abril pasado, la Guardia Civil intervino un greco y un goya —que formaban parte del del legado del ayuntamiento— que aparecieron en Alicante tras desaparacer del palacete de la calle de Muntaner.
Con todos esos antecedentes, no es nada de extrañar que la relación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la familia que controla la inmobiliaria que proyecta Can Batlló —en manos de herederos de Muñoz Ramonet— haya podido tener sus más y sus menos. Sobre todo cuando sobre la mesa hay argumentos patrimoniales.
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