La Generalitat recula y reducirá el 15% la jornada laboral de los interinos

La reducción de jornada a la que la Generalitat obligará a sus interinos será, finalmente, del 15% y no del 33%. Y no afectará a 8.000 interinos, sino a 7.103, durante un mínimo de dos años. Lo anunció ayer la vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación, Joana Ortega, en el Parlament, durante la presentación del presupuesto de su departamento. El recorte total que el Gobierno se dispone a aplicar a sus 230.000 empleados no tiene precedentes, incluye medidas coyunturales y otras estructurales y persigue un ahorro de 625 millones de euros. Con la reducción de jornada de los interinos el Ejecutivo estima que podrá rebajar los costes laborales en 32 millones de euros.

La vicepresidenta explicó que el recorte, de una hora al día, estará vigente el 16 de febrero, 24 horas después de la aprobación de los presupuestos. Aun así, los empleados públicos no notarán esa rebaja hasta que perciban la nómina del mes de marzo. Los sindicatos CC OO, UGT e IAC —con los que la Generalitat no logró alcanzar un acuerdo para consensuar los acuerdos y que han protagonizado media docena de masivas manifestaciones entre diciembre y enero—, consideran que las medidas de ahorro suponen retroceder 20 años en los derechos laborales y salariales de los empleados públicos. Sobre la rebja en concreto, el miércoles alertaron de que una reducción horaria del 33% abocaba a los interinos de menor rango a cobrar apenas 700 u 800 euros, poco más que el salario mínimo interprofesional.

De hecho, esta ha sido la razón del cambio de criterio del Gobierno catalán. Al solicitar a los 11 departamentos la cuantificación de interinos, sus responsables se percataron de que la mayoría de afectados serían los de menor rango. Si les reducían la jornada un tercio, efectivamente, habrían quedado lejos de la figura del mileurista. La reducción horaria se aplicará a todos los interinos de las áreas técnicas y administrativas y excluye a maestros, sanitarios, Mossos d’Esquadra, bomberos, empleados de los mataderos y de prisiones y veterinarios.

Formalmente, para materializar el recorte Función Pública —y aunque supera el 10% a partir del cual hay que presentar un expediente de reducción temporal— se apoyará en un capítulo del Estatuto Básico de los Trabajadores que incluye reducciones horarias por razones excepcionales, indican fuentes de Gobernación.

Pese a la lluvia de críticas desde los bancos de la oposición durante la comisión parlamentaria de ayer, la vicepresidenta se mostró haber sido fiel a su prioridad: “mantener todos los puestos de trabajo” y se consideró “muy orgullosa de la gestión presupuestaria y de ordenar el departamento sin que los servicios públicos se resientan”. La diputada Laia Bonet, del PSC, recordó a Ortega que hace unos meses también dijo que no rebajaría el sueldo a los funcionarios y alertó de que el recorte previsto “sitúa los salarios a niveles de 2007 y los derechos sindicales a mediados de los ochenta”. Bonet lo calificó de “declaración de estado de excepción”.

Desde las filas de ICV, Mercè Civit reprochó a la vicepresidenta que durante 2011 la Administración catalana perdió a 1.504 empleados y Ortega aseguró que la mayoría de casos son jubilaciones, defunciones o funcionarios que regresaron a sus puestos, desplazando a interinos. Civit también rechazó que los funcionarios sean unos privilegiados —“si lo fueran no habría 1.500 menos”, dijo— y criticó que el recorte sea lineal, con peores consecuencias para los que menos cobran. Por parte de ERC, Violant Mascaró valoró que los recortes abocan la función pública a la “precariedad y a sembrar incertidumbre en los servicios públicos, que ya están en la cuerda floja”. Por último, Jordi Cañas, tiró de frases hechas y calificó de “low cost”, una Generalitat que “convierte los servicios públicos en un outlet”. “Van a lo fácil y no a atajar la obesidad mórbida de instituciones y altos cargos”, subrayó.