Louzán propone unificar tasas de basura en municipios pequeños

Rafael Louzán apeló ayer a la justicia y la igualdad para lanzar una propuesta por la que la que los municipios de menos de 25.000 habitantes pasarían a cobrar la misma tasa de basuras. Aunque se resistió a decir a las claras que la medida supondrá una subida en muchas de estas localidades, el presidente de la Diputación de Pontevedra y líder del PP en la provincia acabó admitiendo que no conoce ninguna Gobierno local que se plantee bajar la tarifa, y puso como ejemplo de este camino a la equidad al Ayuntamiento de Barro, que recientemente incrementó un 1.000% su tasa, que subió de seis a 60 euros. Apostó también por mancomunar el servicio, sin aclarar si confía para ello por la gestión pública o la privada.

Louzán señaló que la crisis ha dejado a las claras el “modelo viciado” en la gestión de tributos municipales. Señaló los casos de varios grupos de municipios similares que cobran tarifas muy dispares como Poio y Vilaboa, que facturan 108 y 34 euros, respectivamente, o Crecente, que cobra más del doble (38 euros) que el limítrofe Arbo (15), a pesar de que ambos son municipios del interior con población reducida. “Igualar precios públicos es de justicia”, justificó, tras asegurar que lleva meses analizando la cuestión junto a los técnicos del Organismo Autónomo de Xestión de Recursos Locales (Oral), organismo autónomo de la Diputación al que varios pequeños municipios acuden para la gestión de sus tributos. En su listado también citó las diferencias entre municipios del Umia -Moraña carga a sus vecinos 36 euros, mientras que Portas llega a los 86- y el Baixo Miño, donde A Guarda impone una tasa de 62 euros por los 39 de Tomiño.

Esta armonización de tasas solo afectaría a localidades de menos de 25.000 habitantes que además no tengan el servicio de recogida privatizado. La Diputación no puede, además, imponerlo, sino que tienen que ser los propios Ayuntamientos los que se adhieran. Pero Louzán confía en que los 47 municipios con regidores del PP no se opondrán, e incluso ha hecho cuentas: se ahorrarían el 50% de los camiones que están en funcionamiento y la plantilla se reduciría en la misma proporción. “El personal no desaparecería, haría otras labores en el ámbito municipal”, tranquilizó.

Aunque aseguró que el asunto “ya está bastante pensado”, Louzán no aclaró si este servicio mancomunado se gestionará directamente o se concederá a alguna empresa privada. “No sabría valorar qué es más efectivo”, dijo. Pero los trámites están avanzados hasta el punto de que él mismo, según reveló, se reunió con responsables de Sogama para renegociar la tasa de 30 euros por tonelada que cobra la empresa pública. “Garantizamos un acuerdo”, apuntó. Aunque indicó que la equiparación de tasas “no puede ser por arriba”, sí señaló que el servicio es deficitario “en todos los casos” y estableció en 120 euros por vivienda y año el coste medio de la recogida. También comparó su propuesta a la subida del IBI aprobado por el Gobierno central finales de 2011 “ayudará a sanear las cuentas y a alcanzar una mayor equidad entre los ayuntamientos de la provincia”.