El Gobierno lleva al Constitucional el recorte de pensiones a los funcionarios

Los 74.000 funcionarios del Gobierno vasco tendrán menos dinero en sus planes de pensiones. Al menos, de momento. El Ejecutivo acatará una de las medidas aprobadas por el Gobierno central en el último Consejo de Ministros de diciembre, en el que aprobó el mayor recorte de gasto público de la democracia —los Gobiernos no podrán aportar a los planes de pensiones de los empleados públicos este año—, pero recurrirá la decisión al Tribunal Constitucional.

 El Gobierno considera que el Gabinete que preside Mariano Rajoy está “claramente invadiendo competencias autonómicas, excediendo las competencias estatales”, según recalcó ayer la portavoz, Idoia Mendia, basándose en un informe encargado a sus servicios jurídicos.

El Ejecutivo entiende que Rajoy rebasa “claramente” sus competencias

El Gobierno vasco acatará la decisión, que supone dejar de inyectar 53 millones de euros a la entidad de previsión social voluntaria Itzarri, creada en 2004. Mendia enfatizó en la rueda de prensa tras la reunión semanal de los consejeros: “Somos un Gobierno que cumple con las leyes”. Pero a renglón seguido anunció el recurso.

El Real Decreto en que se fijaron los recortes mantiene la congelación salarial de los funcionarios, en lo que sí tiene competencias el Gobierno central, ya que la Constitución le permite regular y retocar las retribuciones básicas en las Administraciones. Pero otras áreas, como las retribuciones diferidas —los planes de pensiones— o las retribuciones complementarias, figuran en el Estatuto de Gernika como competencia propia del Gobierno autónomo. El recurso de inconstitucionalidad se presentará antes de tres meses, el plazo legal establecido.

La medida, con un coste cifrado en 53 millones, se aplicará por ahora

Otra de las decisiones abanderadas por Rajoy, la ampliación hasta 37,5 horas de la jornada laboral semanal de los empleados públicos, “no es de aplicación” en Euskadi, destacó Mendia, ya que la reordenación del tiempo de trabajo es una competencia exclusiva del Gobierno autónomo, tal y como apunta el mismo informe de los servicios jurídicos.

Con el recurso ante el máximo intérprete de la Constitución, se abre el primer frente formal de conflcito entre el Gobierno central y una de las dos únicas comunidades autónomas que quedan en manos de los socialistas. Semanas atrás, el lehendakari, Patxi López, ya lanzó críticas contra el intento de “tutelar” los presupuestos autonómicos planteado por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien adelantó en un medio informativo extranjero la aprobación de una ley que englobase medidas de control previo de los presupuestos de las comunidades desde el Gobierno central. López censuró entonces lo que consideró un “ataque” al autogobierno y un “intento de control inadmisible”.

El nuevo ajuste en los planes de pensiones de los trabajadores públicos se suma a las medidas tomadas en 2010 que redujeron a la mitad las aportaciones del Ejecutivo al citado fondo Itzarri. En mayo de 2010, pasó de destinar el 3% de la masa salarial global de los funcionarios a este fin al 1,5%, lo que hizo descender de los 106 millones de euros destinados a los planes a los 53 que se abonaron el pasado ejercicio y que estaban igualmente presupuestados para el presente. El Gobierno autónomo optó en 2010 por reducir las cuantías destinadas a Itzarri para evitar que todo el recorte procediese del salario de los funcionarios ante la imposición de un descenso del 5% de la masa salarial exigido por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer frente a la crisis.

Mientras tanto, en el Parlamento el proyecto de Ley de Entidades de Previsión Social Voluntaria dio un paso más para su aprobación, con la conclusión del informe de la ponencia encargada de su estudio. La próxima semana, el dictamen será aprobado en la comisión correspondiente. Está previsto que la ley se debata en pleno a lo largo del próximo mes.