Los ayuntamientos reclaman más claridad competencial y financiación

Una nueva jornada de comparecencias en la comisión parlamentaria que estudia las duplicidades e ineficiencias en el entramado institucional vasco finalizó con dos conclusiones claras: existen las duplicidades y los ayuntamientos se sienten los paganos de la situación porque asumen más servicios de los que son legalmente competentes. Los alcaldes de Vitoria y San Sebastián, Javier Maroto y Juan Karlos Izagirre, reconocieron abiertamente la existencia de duplicidades, mientras que el de Bilbao apostó por evitar estas denominaciones refiriéndose, por boca de su concejal delegado, Andoni Aldekoa (PNV), a “gasto no competencial exclusivo”.

 Aunque el secretario general de Presidencia del Gobierno vasco, Manuel Salinero, insistió días atrás en que el estudio elaborado por el Ejecutivo para detectar duplicidades e ineficiencias “no busca buenos ni malos" ni "identificar culpables", los ayuntamientos se zafaron de una culpabilidad que, según Izagirre, el informe les arroja de manera indirecta. Los dirigentes de los ayuntamientos y la presidenta de Eudel, Ibone Bengoetxea, explicaron que, si los consistorios asumen competencias que no tienen asignadas en ningún texto legal, es porque las instituciones que las superan en rango —diputaciones y Gobierno— no asumen el servicio o no lo desarrollan.

Bengoetxea señala que no habrá “soluciones cabales sin estudios fiables”

Un dato antiguo volvió ayer a ponerse encima de la mesa: el 32% del gasto de los consistorios vascos se destina a servicios que no están obligados a cubrir. “Se delega desde otras instituciones y se acepta con naturalidad en los ayuntamientos”, relató Izagirre. Sin embargo, la asunción de competencias que no son propias está “infrafinanciada”, según describió minutos antes el alcalde de Vitoria, Javier Maroto. Esta situación genera desigualdades entre los ciudadanos vascos, porque no todos los ayuntamientos pueden asumir el pago de estos servicios con sus propios recursos. Maroto señaló que esta asunción queda en manos de la “voluntariedad y la subjetividad de algunas corporaciones”.

Por todo ello, una conclusión, a la que puso voz el alcalde de la capital, sobrevoló la jornada: la Ley Municipal es “esencial” para definir las competencias. Bengoetxea pidió una delimitación competencial “clara y precisa” para los alcaldes y una Ley Municipal que acabe con la “incertidumbre”. El primer edil donostiarra puso el ejemplo de los servicios sociales, en el que reconoció que a menudo surgen dudas de hasta dónde llegan las competencias locales, que los ayuntamientos comparten con la diputación correspondiente y en algunos casos incluso con el Gobierno vasco. Eso sí, Aldekoa matizó la importancia de la norma señalando que sin esta las instituciones han seguido dando servicio a la ciudadanía. “El sistema funciona razonablemente bien”, abundó la presidenta de Eudel.

Tanto Izagirre como Maroto reconocen que hay duplicidades y se lamentan de una "tutela excesiva"

Bengoetxea cerró la ronda de comparecencias de ayer señalando que “no podrá haber soluciones cabales sin estudios empíricos fiables”, en referencia al estudio del Ejecutivo autónomo que abrió el debate, un documento “impreciso desde la óptica local”. El análisis, también analizado en el Parlamento este mes, identifica duplicidades en 403 millones de euros. “El 2,37% del gasto público”, matizó Aldekoa.

El estudio ha sido duramente criticado por el PNV —el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao negó la existencia de duplicidades— e Izagirre reconoció ayer que, aunque el estudio sirve como punto de partida, deja fuera algunos aspectos importantes. Las duplicidades estarían, según el alcalde de Vitoria, en las políticas de empleo, la salud pública, la educación o las tramitaciones urbanísticas. En este último, los técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento, la Diputación y el Gobierno hacen el mismo trabajo en un ejercicio de “tutela excesiva”. Izagirre pidió que se olvidara el debate sobre quién ostenta las competencias para centrar al ciudadano como eje del debate.