Aguirre propone crear “una isla” legislativa y fiscal para el macrocasino

La presidenta regional, Esperanza Aguirre (PP), ha apostado hoy de nuevo por “cambiar todas las normas que haya que cambiar” para que se construya en Madrid o en Alcorcón un gran complejo de casinos impulsado por un multimillonario estadounidense. Ha puesto como ejemplo las concesiones que permitieron convertir las docklands en una isla legislativa dentro de Londres. Y ha trazado sus líneas rojas: “No vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores”.

Aguirre y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP) han mantenido esta mañana su primera reunión oficial para tratar “algunos” de los “muchísimos temas” en los que ambas administraciones “pueden colaborar”. Frente a los continuos rifirrafes políticos y personales entre Aguirre y el anterior regidor, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), las dos mandatarias han querido destacar su buena sintonía con palabras y hasta con gestos: en la rueda de prensa posterior a su reunión –que ha durado una hora y se ha celebrado en la sede del Gobierno regional–, han comparecido ambas con vestido verde de motivos florales y botas marrones. Luego se han ido a comer juntas.

¿Qué temas han tratado? Bastantes, según sus palabras, pero en la rueda de prensa Aguirre ha destacado uno en especial: el proyecto para construir un enorme complejo de casinos impulsado por el multimillonario estadounidense Sheldon Adelson. “He querido plantear [a Botella] la necesidad de impulsar, entre todas las administraciones [estatal, regional y municipal], esa gran inversión que va a hacerse en la comunidad, en Madrid o en Alcorcón, (…) para convertirnos en el centro de congresos del sur de Europa”, ha dicho la presidenta regional.

Eso permitirá, según Aguirre, “la creación de 200.000 empleos definitivos, más los que se necesiten durante la etapa de construcción [de los casinos]”. La “gran empresa norteamericana dispuesta a invertir”, como la ha calificado la presidenta regional, presentó un proyecto que prevé aportar entre 15.000 y 18.800 millones de euros desde ya mismo hasta 2022, y que, según esos cálculos, permitiría crear 164.000 empleos directos y otros 97.000 indirectos (en total, la mitad del paro actual de la región).

Su plan es construir primero un casino, y con el dinero que este genere ir levantando poco a poco un gigantesco complejo de ocio y apuesta. Dentro de 10 años contaría así con 12 ‘resorts’ (36.000 habitaciones), seis casinos (con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas), nueve teatros, hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas...

Desde verano del año pasado se han celebrado una decena de reuniones entre representantes del anterior Gobierno central (PSOE), la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital (regido entonces por Gallardón). En un principio, la intención de la empresa estadounidense, Las Vegas Sands, era construir el complejo en la ciudad, tras descartar hacerlo en Barcelona. Según un estudio interno de una prominente firma de Wall Street, el inversor veía mayor potencial en la urbe catalana, pero se inclinó por Madrid por cuestiones geográficas”. En cualquier caso, como ha mencionado Aguirre, la empresa estadounidense también sopesa trasladar la inversión a Alcorcón (170.000 habitantes). El alcalde de este municipio del sur de la región, David Pérez (PP), confirmó hace dos semanas que Las Vegas Sands se había puesto en contacto con su Ayuntamiento, y valoró la oportunidad como “muy positiva” y “bienvenida” porque crearía “empleo y prosperidad”.

Tanto Aguirre como Botella han recalcado hoy las bondades del proyecto, en especial la creación de empleo prevista, pero no han querido profundizar demasiado en las condiciones impuestas por Las Vegas Sands, que fueron desgranadas durante las reuniones del pasado otoño. La alcaldesa, que en este proyecto ha mantenido el puesto en segundo plano por el que optó Gallardón, ha supeditado su postura al “acuerdo entre las tres administraciones”. “Madrid es la que menos tiene que cambiar, quizá modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, (…) pero pensar en esos 200.000 puestos de trabajo sin duda debe invitar a todos a movernos”, ha añadido.

Aguirre ha sido más explícita al afirmar: “[El plan norteamericano] requiere de modificaciones legislativas que las tres administraciones tenemos que hacer y que queremos impulsar con el nuevo Gobierno para que se pueda materializar cuanto antes”. Y ha añadido: “Es un rayo de luz en estos momentos de oscuridad”. El anterior Gobierno (PSOE), y en concreto su ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, fue uno de los principales impulsores de este proyecto, junto con la Comunidad de Madrid. Según Aguirre, tras las elecciones generales del 20 de noviembre, los contactos “no se han retomado hasta hace muy poco”. El representante de la administración central es ahora el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz.

¿Qué pide Las Vegas Sands? Su lista, adelantada en exclusiva por este diario, es extensa y de un profundísimo calado político y legal: quiere que se cambie el Estatuto de los Trabajadores para relajar la “rigidez de los convenios colectivos” y la Ley de Extranjería para acelerar la concesión de permisos de trabajo y dar “un trato preferente” a sus empleados foráneos; dos años de exención total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros que solicitaría al Banco Europeo de Inversiones; y nuevas infraestructuras (metro, cercanías, carreteras, conexión con el AVE) en la zona de Valdecarros donde se instalaría el complejo, del que habría que trasladar el vertedero de Vademingómez y el asentamiento de la Cañada Real.

Pero no solo eso. También quiere que Comunidad y Ayuntamiento le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubiquen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expropien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garantice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo interior se podría además fumar. Busca cambiar además la ley de prevención de blanqueo de capitales para que solo se obligue a identificar al cliente a la entrada del casino y cuando quiera cambiar fichas por más de 2.000 euros. E instaurar un sistema de intermediarios que en los casinos de esta empresa en Macao (China) parece haber caído en manos de la mafia.

Ante esas y muchas más peticiones de igual calado, Aguirre ha detallado hoy cuáles son sus “líneas rojas”: “Los principios; no vamos a vulnerar ni uno solo de nuestros principios y valores. ¿Cuáles son? Respeto a la ley, garantía del cumplimiento de contratos, y que no se vulnere el respeto a las personas y los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político”.

Y a continuación ha concretado un poco más con un ejemplo que, según ha reconocido, puede ser polémico. Aguirre ha trazado un paralelismo entre el proceso de revitalización de las ‘docklands’ de Londres (Reino Unido), que “desde el punto de vista urbanístico” se convirtieron en “una isla que no estaba sometida al planteamiento” del resto de la ciudad. “No quiere decir que eso vaya a ocurrir en Madrid o Alcorcón, pero le daremos facilidades [al inversor] para que digan dónde tiene que haber una avenida, y vamos a cambiar toda la normativa que haya que cambiar”, ha añadido.

Las Vegas Sand quiere convertir el complejo en una “zona franca”, cambiando la Ley del Impuesto sobre Sociedades, la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (para que los premios ganados en España tributen en el país de residencia del jugador) y el IRPF. Pide 10 años de vacaciones fiscales a la Comunidad en lo que se refiere a la tasa fiscal sobre el juego, incluyendo las máquinas recreativas; y que el tipo se reduzca luego al mínimo (3%) si mantiene el empleo.

Quiere una bonificación del 95% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales (“porque necesitará adquirir gran cantidad de terreno") y del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras. Pide 10 años de exención del impuesto sobre bienes inmuebles y una bonificación posterior del 95%, y otra en igual porcentaje del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos urbanos. Pretende una bonificación de 50% del impuesto de actividades económicas en el tramo local, regional y estatal, y exige a las tres Administraciones que “negocien previamente” con ellos “la aplicabilidad de nuevos tributos o carga” que le vayan a afectar.