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Albaida necesita un rescate financiero

El anterior equipo de gobierno multiplicó por seis la deuda en ocho años

Una auditoría revela que las obligaciones desbordan con creces el presupuesto

Juan José Beneyto, exalcalde de Albaida, del PP.
Juan José Beneyto, exalcalde de Albaida, del PP.

El Gobierno del PP multiplicó por seis la deuda municipal en dos mandatos

Albaida, un municipio de poco más de 6.000 habitantes censados, acumula una deuda de 17,4 millones de euros que no puede afrontar. El equipo de Gobierno que preside Josep Antoni Albert, de Compromís, en coalición con el PSPV y un independiente de la Unión Ciudadana por la Democracia, solicitó una auditoría a la firma Faura-Casas cuando asumió la gestión del municipio. Los resultados del informe que acaban de recibir resultan demoledores, al punto de que el Ayuntamiento se plantea solicitar un rescate. El equipo del exalcalde Juan José Beneyto, del PP, multiplicó por seis la deuda municipal en apenas dos mandatos. El socialista Josep Bodí avanza que la Corporación reclamará ayuda de la Diputación, de la Generalitat, incluso del Estado, para sortear una situación creada por la desafortunada gestión de sus predecesores. “¿No pide ayuda la Generalitat? Nosotros también”, dice.

El Ayuntamiento acumula una deuda a largo plazo de cuatro millones de euros, pero las obligaciones a corto plazo rondan los nueve millones de euros. En paralelo, la empresa pública Gestiona, que es propiedad del Ayuntamiento al 100%, arrastra unas obligaciones de 4,5 millones de euros. El presupuesto ordinario para 2010 era de 15,7 millones, pero apenas se ingresaron 9,9 millones.

La única empresa que es propiedad municipal al 100% solicitó el concurso

La empresa pública municipal creada bajo mandato socialista se fundó, para desarrollar un polígono industrial, el Ayuntamiento controlaba el 49% de capital. El resto era de titularidad privada. Cuando el PP asumió el Gobierno municipal, el Ayuntamiento compró el 100% de la empresa. “Pagaron 1.200 euros por cada acción valorada inicialmente en 600 euros”, recuerda Bodí.

Con el nombre Gestiona, la empresa municipal controlaba la piscina y algún otro servicio, pero se lanzó a la construcción de vivienda. Los resultados de la aventura inmobiliaria fueron ruinosos. El equipo de gobierno saliente solicitó el concurso de acreedores para Gestiona el 10 de junio. El equipo de gobierno tomó posesión un día después.

La cesión a Egevasa de la gestión del alcantarillado salvó el ejercicio de 2009

Al margen de la frustrada aventura empresarial, la auditoría revela que “los procedimientos empleados para contabilizar ingresos de subvenciones y transferencias no ofrecen información completa y actualizada”; que se ha detectado “un ineficiente control de los ingresos tributarios”; que el Ayuntamiento no ha establecido procedimientos de control previo de “los gastos corrientes ni las inversiones”; que no siempre se controla “la disponibilidad de fondos para afrontar gastos comprometidos”; etcétera, etcétera.

Los auditores detectan un problema estructural. Los ingresos recurrentes del Ayuntamiento recabados a partir de tasas municipales o impuestos de carácter ordinario no cubren los gastos corrientes de cada ejercicio. Aún peor: “El Ayuntamiento no dispone de estudios sobre el coste de los servicios públicos financiados con tasas o precios públicos”.

Como en tantas otras Corporaciones municipales, el Impuesto sobre Construcción Instalaciones y Obras, un ingreso de carácter extraordinario vinculado a la actividad del sector inmobiliario, permitía cubrir gastos ordinarios en los años felices. Pero la auditoría analiza las cuentas de 2008 a 2010 y concluye que en los tres años “se han previsto ingresos muy superiores a la capacidad del tributo”. “En la medida en que estos ingresos han financiado gastos corrientes”, sigue el auditor, inflarlos año tras año “puede comprometer a la larga la solvencia de las finanzas municipales”.

Albaida salvó los presupuestos de 2009 gracias a un ingreso extraordinario. El Ayuntamiento cedió el servicio de gestión del alcantarillado a la empresa provincial Egevasa por 25 años. Egevasa pagó un canon de 1,5 millones de euros que los vecinos de Albaida devolverán durante cinco lustros en los recibos de agua.

Pero cuando las cuentas volvieron a complicarse en 2010, el Ayuntamiento refinanció un préstamo de 1,7 millones con el BBVA por 2,2 millones de euros. El exceso se destinó a pagar “inversiones de ejercicios anteriores”, según un acuerdo del pleno municipal. Pero el auditor apunta que, “según informa la intervención municipal, se presume que el exceso se va destinar a financiar gastos corrientes”.

No bastan ni recortes ni más impuestos

El informe de auditoría elaborado por Faura-Casas para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albaida plantea varios escenarios posibles para los nuevos gestores. En el caso más extremo, elevando al máximo los impuestos dentro de los márgenes legales, en torno a un 15%, y recortando el gasto corriente un 17%, los auditores estiman que podría reducirse la deuda en dos millones de euros en torno a 2014. La austeridad en el gasto y el sacrificio de los vecinos para sanear las arcas municipales tendrían que prolongarse a lo largo de varios mandatos. Cada vecino debe ahora 3.000 euros.

El socialista Josep Bodí recuerda que Albaida acometió una revisión completa de los valores catastrales en 2008. “Muchos vecinos que pagaban 300 euros al año por su vivienda acabarán pagando 600 en 2017, porque se prorrogó el alza del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a lo largo de 10 años”, comenta. “La presión fiscal ya es muy alta, y ahora Cristóbal Montoro [ministro de Hacienda] sube el IBI otro 4%”.

El equipo de Gobierno tripartito que encabeza José Antoni Albert, de Compromís, tiene previsto comentar públicamente el informe de auditoría mañana. Las medidas a adoptar y las irregularidades detectadas en la gestión de sus predecesores.

El auditor apunta, por ejemplo, que los presupuestos municipales recogen como ingreso pendiente una subvención de más de medio millón de euros de parte de la Diputación de Valencia y la Generalitat para desarrollar el proyecto del plan de actividades deportivas del Ayuntamiento. Pero constata que el Ayuntamiento “no ha efectuado ninguna inversión” relacionada con el plan en cuestión y subraya que no se dan “las condiciones para exigir” esa cantidad.