Alarte plantea recortar 587 millones sin tijeretazo y sin gravar la gasolina

“Es posible un ajuste justo”, proclamó este viernes Jorge Alarte, al presentar una propuesta de recorte alternativo al que ha decretado el Gobierno de Alberto Fabra que ha plasmado en una proposición no de ley en las Cortes Valencianas. Se trata de un ajuste de 587 millones de euros que “no ataca a la sanidad pública o la educación ni a los derechos básicos de 150.000 trabajadores públicos”. Sobre la sanidad, criticó con dureza que el consejero del área, Luis Rosado, del que pidió la destitución, haya barajado hasta 300 medidas de ahorro que calificó como “una barbaridad”.

“Desde el minuto cero, estamos liderando la oposición frontal a un ajuste injusto”, dijo el líder de los socialistas valencianos al explicar que la propuesta, de la que la dirección del grupo parlamentario informó ayer a la ejecutiva del PSPV-PSOE, pide la derogación del decreto del Consell, en una iniciativa que pretende situar en el orden del día del primer pleno del próximo periodo de sesiones.

La proposición prevé recortar un mínimo de 354 millones de euros en “el despilfarro multimillonario de las empresas públicas” y 20 millones de aportación de la Generalitat a sus fundaciones, en lugar de las medidas de ajuste que afectan al salario de empleados públicos, decretadas por Fabra para reducir 379 millones. La reducción de gastos corrientes debería alcanzar los 73,81 millones, procedentes de alquileres de edificios (8,81 millones), trabajos realizados por otras empresas y profesionales (35 millones) y otros gastos corrientes (30 millones), exceptuando las áreas de sanidad, educación y bienestar social. El ajuste de los socialistas propone también ahorrar 4,8 millones reduciendo altos cargos y asesores y eliminando las delegaciones del Consell.

“Desde el minuto cero, estamos liderando la oposición frontal a un ajuste injusto”

Por lo que se refiere a los ingresos, Alarte planteó la recuperación del impuesto del patrimonio a las mayores fortunas, que el Consell se ha negado a aplicar, lo que supondría la entrada de 110 millones en las arcas de la Generalitat. Los socialistas prescindirían del denominado céntimo sanitario. “Creemos que no es justo que, de cada 29 litros de gasolina, los valencianos paguemos otro para el despilfarro de la Generalitat”, comentó el secretario general del PSPV-PSOE. En lo único en que coinciden los socialistas con el decreto de recortes del Consell es en los nuevos tramos del IRPF y la eliminación de la deducción autonómica en la compra de vivienda habitual, que suponen 13,2 y 12 millones de euros, respectivamente.

Reconoció Alarte que con eso no se acaban los ajustes. Ya en el debate del pasado miércoles preguntó reiteradamente a Fabra cómo recortará los 3.000 millones que el cumplimiento de los objetivos de déficit obligan todavía a reducir. Liquidar el sector público empresarial es la única posibilidad, dijo el líder socialista. “Cuando digo liquidar, digo vender las empresas, negociar los créditos y despedir a todos aquellos que han accedido a ellas sin los procedimientos de objetividad, es decir, los enchufados del PP”, añadió Alarte, que recordó que hace dos años ya lo planteó en su Programa para el saneamiento y reforma de la economía valenciana. El dirigente del PSPV-PSOE incluso puso algún ejemplo al preguntar para qué quiere la Generalitat “unos estudios de cine inservibles”, en alusión a la Ciudad de la Luz. También citó el Ágora de la Ciudad de las Artes o el aeropuerto de Castellón como proyectos en los que “no se puede perder más dinero”.

Alarte sostiene que las empresas, fundaciones y organismos públicos no pueden costar más de 1.500 millones y que sólo deben mantenerse aquellos que estén vinculados a servicios públicos. La política de grandes eventos debe quedar olvidada, en opinión del líder de los socialistas valencianos, que añadió que “el ajuste tiene que ser también de dignidad y ética”, en alusión a la corrupción. “Algunos dijeron que éramos antivalencianos cuando nos opusimos a la fórmula 1, los grandes eventos y el Canal 9 de la vergüenza, que ahora quieren hacer pagar a los trabajadores”, señaló. “Lamentamos profundamente haber tenido razón”.