Los tribunales declaran válida la orden de Cultura contra el plan de El Cabanyal

La orden del Ministerio de Cultura que declaró que el plan urbanístico del PP de partir en dos en barrio valenciano de El Cabanyal es un "expolio" al patrimonio histórico es válida y cumplió la ley. Así lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en respuesta a una demanda del Ayuntamiento de Valencia, que pretendía la anulación de la orden aprobada en diciembre de 2010 por el ministerio, entonces dirigido por Ángeles González Sinde.

La plataforma El Cabanyal ha celebrado este nuevo "espaldarazo judicial" a la defensa del barrio, en el que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pretende desde hace años abrir una ancha avenida hasta el mar a costa de más de 450 edificios. La sentencia del TSJM confirma que el ministerio tenía competencias para ejercer una tutela sobre el plan con el fin de velar por el patrimonio del conjunto histórico del barrio marinero y su singular trama urbana. También explica que la motivación de la orden, que exigió al Ayuntamiento paralizar su proyecto y revisarlo para proteger el patrimonio, era "irreprochable, precisa y rigurosa", en palabras de la plataforma. Cultura reunió numerosos informes de expertos e instituciones sobre las consecuencias del plan urbanístico antes de llegar a la conclusión que implica un expolio al patrimonio. La orden se emitió en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, que reclamó al ministerio que se pronunciara al respecto. El fallo del Supremo ratificó uno anterior del TSJM, que exigió precisamente del Gobierno una resolución "motivada" sobre si el plan de El Cabanyal suponía un expolio o no. Ahora, este tribunal confirma que el ministerio ejecutó correctamente esa orden y emitió una resolución motivada y tras contrastar numerosos informes. Los magistrados rechazan la pretensión del Ayuntamiento de discutir el fondo de la cuestión, ya que su demanda se dirigía contra la ejecución de la sentencia, que se realizó correctamente.

La decisión de Cultura de declarar el plan de Barberá un expolio provocó las airadas protestas del Ayuntamiento y de la Generalitat, que acusaron a la ministra de inmiscuirse en asuntos que no le competen. Barberá incluso presentó una querella por supuesta prevaricación contra González Sinde que fue archivada. Además, para intentar sortear la orden de paralizar el plan, la Generalitat, entonces presidida por Francisco Camps, aprobó un decreto que permitió a la alcaldesa meter las excavadoras en el barrio. Pero solo durante unos días, en los que hubo una dura carga policial contra los manifestaciones que pretendían evitar el derribo de varias casas. El Gobierno recurrió el decreto de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional, que confirmó la suspensión cautelar del proyecto urbanístico y tiene pendiente decidir sobre el fondo del asunto. Paralelamente, el Ayuntamiento de Valencia presentó la demanda ante el TSJM para intentar invalidar la orden de Cultura.